RECUENTO

Diez años de la ley de transparencia: José Blandón Figueroa

En el año 2001, bajo la administración Moscoso, se presentaron dos anteproyectos de ley en materia de transparencia. Uno, por legisladores de oposición, y otro, por el suscrito que era parte de la bancada oficialista, que proponía introducir la figura del hábeas data en nuestro sistema jurídico. En esos momentos, la oposición, a través del Pacto Meta, tenía mayoría en la Asamblea.

Luego de amplios debates que se iniciaron en la sede de la Apede, se fusionaron ambos proyectos y se aprobó un documento en los tres debates respectivos, que fue sancionado por la presidenta Moscoso y se convirtió en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, más conocida, como “la ley de transparencia”. Así que el próximo domingo 22 de enero de 2012 se cumplen 10 años de la entrada en vigencia de esta importante pieza legislativa.

La ocasión es propicia para analizar qué tanto hemos avanzado en esta década en materia de transparencia. Comienzo por decir que pienso que la ley en cuestión fue un notable avance en la dirección correcta. Como dije durante los debates de la misma, esta tiene principios importantes como los siguientes:

1. Toda información que reposa en una oficina pública es y debe ser pública, salvo que expresamente en la ley se diga lo contrario. Reitero: el principio general es que sea de acceso público; toda excepción debe aparecer expresamente en la ley.

2. La ley establece un recurso expedito y efectivo para exigir el cumplimiento del derecho. La doctrina internacional en materia de protección de los derechos humanos siempre ha planteado que no basta con reconocer los derechos sustantivos en la legislación nacional, si al mismo tiempo no se establecen recursos efectivos para reclamar ante su incumplimiento.

Desde la misma administración Moscoso, con la reglamentación de la ley, se trató de poner obstáculos al pleno cumplimiento de la ley. En las sucesivas administraciones, también se han buscado interpretaciones antojadizas o sencillamente, se han ignorado las disposiciones de la misma. Eso era de esperarse. Sin embargo, para mí, como proponente del hábeas data, ese no ha sido el principal obstáculo. La mayor restricción a la plena vigencia de la ley de transparencia la ha impuesto la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia en materia de hábeas data.

Eso plantea un difícil problema, ya que hay temas que indudablemente, dada la experiencia de 10 años ya, podrían ser mejorados a través de una revisión de buena fe de la Ley 6 del 2002. Incluso, algo de eso tratamos de hacer cuando en 2004, introdujimos en la reforma constitucional el principio básico de transparencia y el hábeas data como recurso. Pero en el fondo, lo que se ha podido comprobar es que poco importa el espíritu y la letra de la ley o hasta de la misma Constitución, si el Órgano Judicial no tiene la voluntad de hacerla respetar y más bien se pliega a los intereses del Ejecutivo, no importa quién ocupe circunstancialmente la silla. Esa es la conclusión más dramática de estos primeros 10 años de la ley de transparencia.

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