TRETAS POLÍTICAS

El sistema antidemocrático panameño: Rafael Gerardo Pérez

Resuenan los tambores de guerra en lo que parece ser la batalla política más vergonzosa y soez de los últimos 20 años de historia “democrática” de Panamá. Tanto el oficialismo como la oposición empiezan a echar mano de retorcidas artimañas, con el fin de “lavar el lavado de cerebro” (valga la redundancia) hecho por su adversario.

Con un pueblo maleable, ciego e ignorante de sus propios derechos, fácil de impresionar y fuertemente atraído por la chabacanería electoral, los candidatos hacen gala de sus más ridículas y absurdas estrategias de campaña, valiéndose de la bufonería, la ridiculez, las ofensas e incluso de la violencia, con tal de convencer a los votantes.

El candidato honesto no tiene cabida en nuestro sistema por falta de recursos y exceso de principios. Está destinado a perder las elecciones antes de empezar. El pueblo solo elige al más bufón y deshonesto, al que hace uso de la campaña sucia y al que tiene más dinero para pagar sus cuñas publicitarias, a toda hora.

Es necesario regular la campaña política y el dinero que se invierte en ella. Una democracia real sería aquella en la que cualquier ciudadano panameño tuviera acceso a una postulación, y en la que el pueblo pudiera elegir al candidato que más requisitos reúna, no al que más dinero tenga a su disposición.

Las candidaturas independientes y los candidatos menos pudientes jamás tendrán oportunidad de salir elegidos en un sistema que se basa más en desacreditar, humillar e insultar al contrincante, que en explicar con detalles los méritos propios por los que los aspirantes merecen ser elegidos para ocupar un puesto de elección pública, porque mantener este tipo de contienda electoral requiere mucho dinero.

Esta falta de oportunidades de unos y ventajas de otros es claramente antidemocrática, pero la pregunta real es: ¿Quién va a cambiar esto? Evidentemente, el gobierno de turno, no.

Debemos despertar como pueblo y darnos cuenta de que el poder recae en nosotros, no en los gobernantes. Ellos son empleados pagados por el Estado, no dueños de un país durante cinco años.

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