SE OPACA LA TRANSPARENCIA

Un aplauso vago a una ley mediocre: David Sucre Levy

Luego de los trapos sucios publicados, era lógico esperar y amanecer con una adecuada Ley de Contrataciones Públicas que, además, habría constituido la gran oportunidad para encarrilarnos en la transparencia y la anticorrupción.

Esa coyuntura ideal se presenta rara vez tan perfecta, y quizás no se repita, no la aprovechamos para demostrarle a todos, especialmente a nosotros mismos, que no somos como nos pintan en los noticieros internaciones (y en algunos locales). Es una norma vital para el país, no solo hoy sino en cualquier instante del devenir interno y externo de Panamá. Luego de los últimos escándalos este preciso momento era una oportunidad, probablemente irrepetible, para encarrilarnos en una actitud de transparencia y anticorrupción.

Hace tres semanas vimos a varios de nuestros diputados enfurecidos porque se ensuciaba el nombre de nuestro país con acusaciones de corrupción, lavado de dinero y complicidad en la evasión de impuestos. Pareciera que su nacionalismo fue momentáneo. Lamentablemente, apareció el hermano del fantasma del minuto 80, nuestra Asamblea Nacional, y en los últimos 10 minutos: “gooool” en contra.

No es una noticia nueva que han dejado la puerta abierta para que empresas de dudosa reputación e incluso sancionadas por corrupción, puedan contratar con el Estado. Públicamente, el tema fue discutido en varios medios, lo que demuestra el interés que tenía el país en cerrar esta ventana.

El tema me parece hasta irónico. Hace menos de un año esta misma Asamblea regulaba a distintos sectores de la empresa privada, obligándonos a realizar procesos de debida diligencia y comprometiéndonos a reportar cada vez que tuviéramos clientes en estas mismas condiciones.

Hasta el más despistado podría sospechar que nuestros diputados están buscando que el monopolio de realizar contratos con corruptos sea del Estado.

Pero es inverosímil, además, el disparo a quemarropa a la transparencia y, como ñapa, se les ocurrió exigir que las fianzas presentadas por los contratistas sean de compañías con grado de inversión. En principio suena bonito, pero realmente no recuerdo que la insolvencia de los afianzadores haya sido el problema del rechazo de los reclamos de fianzas del Estado. Más bien, en su mayoría se debe a que los funcionarios las dejan vencer o que dichas fianzas no cumplen con lo establecido en ellas.

Siendo así, más efectivo sería incluir normas que penalicen a los funcionarios que, por su omisión, contribuyen a menoscabar las garantías de los contratos del Estado.

No hemos entendido, los panameños, que nuestra realidad es afrontar al menos dos años más de escándalos producto de los famosos papeles sustraídos. La única manera de demostrarle al mundo que no somos como nos están pintando es crear los mecanismos para cerrarle la puerta a los corruptos y lavadores de activos. Son las leyes que sancionemos y el hacerlas cumplir, lo que cambiará la percepción actual que, como país, reflejamos.

Acepto que la nueva ley mejora el desastre de la norma que la antecedía. En esa los controles eran nulos, las adendas al contrato principal podían ser infinitas e inclusive más caras que el mismo contrato principal.

La actual tiene regulaciones que son pasos positivos para el contratar del Estado panameño. Pero aun así es mediocre, porque no fue suficiente. Fue cobarde en un momento para valientes. La esperanza de un Panamá transparente se desvanece.

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