MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

No es asunto de chapistería: Fernando Gómez Arbeláez

Entre expertos igual que entre novicios, es conclusión universal que el Gobierno panameño ha perdido el derrotero en su menguada gestión de la economía y las finanzas nacionales. Todas sus rebatidas acciones y omisiones a lo largo de estas últimas semanas han proyectado a Panamá y al mundo una imagen caótica de desgreño administrativo, de un manejo irresponsable en ambas materias que funcionarios insensatos han tratado de esconder por medio de argumentos pobres, confusos y tardíos, así como de frustrados intentos de imponer al país normas inconsultas e impopulares a fuerza de madrugonazos.

Pareciera que el Gobierno, en vez de prestarle la atención necesaria y dar buen mantenimiento al motor de nuestra economía, se ha dedicado a labores triviales con objetivos meramente cosméticos. Realiza una especie de enderezado apresurado con pintura superficial sobre las abolladuras de sus evidentes dificultades financieras, como si de un trabajo de chapistería automotriz de infames resultados se tratara.

Ninguna de las carencias de los funcionarios hoy encargados de manejar las finanzas públicas panameñas es tan notoria como la ausente buena fe. Burlaron a propios y extraños con el proyecto que a inicios de junio se convirtió en la ley del mal llamado Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), transformándolo en un cheque en blanco que a corto y mediano plazo beneficiará exclusivamente al gasto público desenfrenado. Introdujeron modificaciones –todas aprobadas a tambor batiente por diputados que no se tomaron ni la molestia de leerlas– permitiendo que el producto de la venta de ciertos activos del Estado dejara de ser ahorrado, como exigía la ley del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, derogada por la del FAP, sino gastado con rapidez dentro del presupuesto general del Estado. Otra modificación siniestra a la ley del FAP fue el incremento de los topes del déficit fiscal regulados originalmente en la anodina Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF), una ley sin credibilidad que ahora cuenta con más reformas que años de vigencia. A través de esa dispensa, los funcionarios pretenden que la peligrosa danza macabra de los millones de endeudamiento público se prolongue por varios años. No existe, por consiguiente, ningún compromiso serio del Gobierno con la responsabilidad fiscal más allá del papel en que está impresa la LRSF.

Para menoscabo del país, algo que caracteriza a estos funcionarios es su restringida visión de la realidad. Los numerosos mensajes que requieren de ellos una prudencia fiscal inmediata están escritos en las paredes, puertas, ventanas, en todas partes, pero su aparente miopía financiera impide que los vean.

Limitadamente leen en la creciente censura a su gestión a un intercambio dialéctico entre gobierno y opositores –como la opinión de aquel que encuentra al Gobierno desarrollándola “utilizando una tabla de güija”– sin considerar que la mayoría de sus críticos, como la mayoría de la población, no pertenece a partido político alguno. Los funcionarios se imaginan dentro de una campaña electoral permanente, obviando que la sustancia de las críticas que reciben, pero nunca enfrentan, carece de colores políticos. Pasan el tiempo responsabilizando de sus acciones y omisiones a otros que los antecedieron en el cargo, sin recordar que ellos lo han ejercido durante un tiempo suficiente para enmendar por su cuenta lo que fuere necesario, incluso desde antes de que el desbalanceado presupuesto de 2012 entrara en vigor, pero no lo hicieron.

Con el abundante despilfarro de los recursos públicos, no sorprende un agujero presupuestario como el actual. Caso típico es la denominada “cinta costera tres”, calculada en la friolera inicial de 800 millones de dólares. Solo un gobierno irreflexivo podría dedicarle tan abultada cifra a un descabellado proyecto marino sobre pilotes alrededor de una península, el Casco Antiguo, cuando hay alternativas viales sobre la tierra. Esto equivale a la construcción de un extenso y costoso puente, a pesar de que al camino no lo cruza el agua porque pasa distante por otro lugar.

Mientras tanto, el maquillaje fiscal continúa. Los aeropuertos de David, Río Hato y Colón, que en conjunto mantienen 160 millones en deudas, fueron transferidos a Tocumen S.A., un ente cuya contabilidad ha sido excluida del cálculo del déficit fiscal. Con esto, los 160 millones han desaparecido del déficit, permitiendo al Gobierno endeudarse de nuevo por una cantidad similar sin afectar su tope.

Por el bien del país, el Presidente de la República debe renovar prontamente a un equipo de funcionarios marcado por errores inexcusables, que ni una Asamblea Nacional rodeada de policías antimotines y gases lacrimógenos ha podido subsanar. Las alarmas de economistas, inversionistas, bancos y calificadoras están sonando dentro y fuera de Panamá. Esperemos que el Presidente las escuche, respondiendo a ellas de una manera cónsona y efectiva antes de que sea demasiado tarde.

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