EL PROBLEMA DEL AGUA POTABLE

El axioma de la simplicidad: Alvaro González Clare

La decisión presidencial en delegar a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) la reparación, operación y mantenimiento de la planta potabilizadora de Chilibre es una opción muy importante para ser considerada con ligereza o, simplemente, como algo normal. Las implicaciones de esta decisión deben ser de obligatoria revisión por sus consecuencias políticas y que la iniciativa pueda servir para lograr la solución permanente de este endémico problema.

Históricamente las ideologías de izquierda han logrado crear en el ambiente político el sofisma de que la empresa privada es mala, porque lucra haciendo negocios. Bajo este supuesto, Frenadeso y compañía han logrado con éxito reciente demonizar la iniciativa del Ejecutivo de crear opciones entre las empresas públicas y privadas para resolver problemas estructurales, limitando así la posible solución del problema del Idaan y condenándolo a seguir siendo una institución fracasada y, sobre todo, incapaz técnicamente. Ante esta situación política de hecho, para garantizar de alguna forma el servicio público del agua con las altas condiciones de calidad que demanda la sociedad panameña, la única alternativa que le quedó al Presidente fue optar por delegarle la solución a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), hasta tanto la planta potabilizadora vieja y la nueva, que está construyendo Biwater, funcionen correctamente.

Sustentando lo anterior, la primera conclusión que puedo deducir de la decisión presidencial es que las instituciones públicas que operan servicios técnicos son un fracaso, sencillamente porque están dominadas por los intereses partidistas y supeditados al clientelismo y populismo. En el caso particular del Idaan, la institución fue convertida en una piñata para el uso conveniente, como caja menuda, en el tiempo de los militares, pero sobre todo para regalar el agua como herramienta paternalista, lo que terminó por acostumbrar a la población beneficiada por esta “bondad del Estado” a no pagar por el servicio. Desde entonces las finanzas de la institución fueron quebradas y para efecto real es una operación financiera insolvente y subvencionada.

La segunda conclusión es que la ACP está capacitada para resolver la producción de agua, pero la delegación presidencial no involucra a la ACP en la distribución, medición, mantenimiento, cobranza y operación financiera del Idaan. Como deducción puedo concluir que involucrar la ACP en este entuerto político resolverá solo parcialmente el problema. No tendremos que tomar agua sucia el próximo diciembre, pero el resto del caos institucional del Idaan continuará, igual o peor. El daño colateral de esta decisión es que la ACP podría quedar afectada por la maraña política que envuelve el caso de Biwater y el Idaan, además del desprestigio mediático a que se puede exponer por ser parte del circo político local.

La tercera conclusión es que a los únicos que les beneficia que el problema del agua continúe, es a los perseverantes izquierdistas; a ellos les conviene que los servicios públicos hagan crisis por sus intereses políticos.

La cuarta conclusión es la más importante a considerar. Si la ACP está capacitada para resolver el crónico desgreño técnico de la potabilizadora de Chilibre (excluyendo en el supuesto la limitación constitucional que tiene la ACP), debería ser capaz de resolver todos los problemas de las instituciones técnicas del Estado que den servicios públicos. Si la ACP puede resolver el problema del agua, entonces, el axioma debería ser que la ACP está preparada y capacitada para resolver los problemas técnicos de la educación, salud, transporte, entre otros, inclusive la crisis urbana.

La ACP ha comprobado a saciedad que, al excluir de la administración pública la intervención de los políticos partidistas y sacar las manos y los pies de los corruptos, sí es posible operar con eficiencia técnica y responsabilidad administrativa los servicios públicos. Entonces, la solución obvia a todos nuestros problemas sería sencillamente crear una Autoridad Urbana Especial para el área metropolitana, que sea jurídica, técnica y administrativamente idéntica a la ACP, para que se encargue de todos los problemas que aquejan y maltratan a la mayoría de los panameños (más del 50% vive en la metrópolis), incluyendo entre sus competencias principales: la gestión y administración integral del agua (potable, servida y pluvial), los sistemas de movilidad pública (vial-peatonal), el tránsito y trafico del transporte público (Metro, buses y taxis), los estacionamientos públicos, la escenificación urbana (publicidad exterior, jardinería y arborización), el sistema de recreación pública (parques y plazas), la recolección y procesamiento de la basura, la nomenclatura, el correo y sobre todo lo relativo al ordenamiento territorial, incluyendo el control de la zonificación.

Seguir creyendo el discurso político que los propios políticos partidistas nos siguen echando en tiempos de campaña, proponiendo soluciones para los problemas que ellos mismos crean, es seguir persistiendo, redundando y agravando la situación actual. La única solución posible es excluir a los políticos de todas las competencias públicas que afectan negativamente nuestra calidad de vida y endosarles a los panameños serios, profesionales y técnicos la responsabilidad y autoridad para que reparen el terrible daño causado y logren la solución que esperamos, tal como lo hicimos constitucionalmente con el capítulo del Canal. Tan simple como esto.

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