HERRAMIENTAS DE AYUDA

¿La brecha se ampliará?: Roberto Castro

La brecha entre ricos y pobres siempre ha existido a través de la historia del hombre. Por más que se trate de eliminar, vuelve y crece, al igual que la Hidra de la mitología griega. Mientras exista quien detente el poder político o económico y quien lo sufra, también existirá esa repudiable brecha, oscura, repulsiva, entre unos y otros.

El éxito de cualquier sistema social radica en el cerramiento paulatino de esa brecha, mediante una agresiva campaña de inclusión social de las clases menos favorecidas. Pero, ¿qué significa esa manoseada expresión “inclusión social”? Significa desterrar el asistencialismo, las limosnas y los regalos electoreros, cambiándolos por herramientas duraderas y de calidad, que le permitan al ciudadano pobre o de clase media avanzar dentro de la rueda de la economía nacional y, por ende, tener una mejor calidad de vida. A las herramientas tradicionales, como son la educación gratuita de óptima calidad, servicios óptimos de salud, seguridad permanente y apoyo sin mezquindades a los emprendedores, yo le agregaría otra herramienta que está en boca de todo el mundo últimamente: la seguridad jurídica de sus propiedades, en especial la de su lote, parcela o finca. Un simple derecho posesorio no constituye una verdadera herramienta, pues no sirve para obtener créditos bancarios ni para defenderse del raponazo jurídico de los avivatos. El 50% del país se debate en medio de esta incertidumbre, razón por la cual desde el gobierno de Endara se ha venido hablando de la urgente necesidad de corregir dicha anomalía, especialmente en las cada vez más apetecidas costas e islas panameñas. Para ello, se han creado leyes a través de los últimos gobiernos hasta llegar hoy a la famosa Ley 80 que recogió toda la dispersa legislación existente sobre el tema, y la Ley 59 que creó la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) en un esfuerzo por simplificar, tecnificar y masificar el proceso de regularización y titulación de todo el país, buscando llegar a la tan anhelada posición de “país titulado, país desarrollado” o, como lo expresan otros: “Panamá, país de propietarios”. Esas dos leyes son el resultado de una lucha tenaz durante décadas de un buen número de organizaciones civiles. No nacieron en la cabeza de políticos o empresarios corruptos, como lo gritan algunos a los cuatro vientos últimamente. Más de 20 organizaciones de productores agrícolas, ganaderos, microempresarios turísticos, organizaciones profesionales del derecho, la industria, los bienes raíces, la iglesia etc., han venido trabajando año tras año, tratando de crear conciencia ciudadana sobre la justicia de esa lucha. ¿Qué ha pasado, entonces? Unos posibles escándalos recientes han sembrado la duda en algunas personas y en medios de comunicación desprevenidos, los cuales han llegado al extremo de pedir que se deroguen tales leyes.

¿Pero será esa la mejor manera de darle una salida al problema? ¿O será que estamos buscando al ahogado río arriba? La Ley 80 es una ley excelente. La Anati es una institución excelente. Todas las organizaciones civiles que han trabajado tantos años en esto están esperanzadas en dos cosas: 1. Una explicación clara, creíble y contundente, deslindando responsabilidades en dichos escándalos; 2. Una activación definitiva de la Anati para que inicie cuanto antes, sin preferencias con nadie, los procesos de regularización y titulación masiva en costas e islas, con una participación dinámica de las organizaciones civiles dentro del Consejo Consultivo, creado para tal fin desde los inicios del Pronat, atendiendo así la recomendación de los organismos internacionales financiadores de dicho programa.

Mientras esas dos cosas no se den, la credibilidad de muchos seguirá en juego, el costo político para otros será bastante alto y, sobre todo, el proceso de regularización y titulación sufrirá un rudo golpe. Al final de todo este cuento, quien pagará los platos rotos, como siempre, serán las clases más desfavorecidas del país, abriéndose aún más esa peligrosa brecha entre ricos y pobres. ¿Será eso lo que, realmente, quieren algunos?

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