MÉRITOS

Se busca un contralor: Héctor E. Rodríguez Ureña

La comparecencia de la contralora general de la República ante la Asamblea Nacional, para rendir un informe relativo a la materia propia de su competencia, evidenció la vulnerabilidad de nuestra institucionalidad democrática, además de una clara violación a la teoría de la separación de los poderes del Estado, plasmada en la carta magna.

Resulta que de acuerdo a la Constitución le corresponde a la Asamblea Nacional nombrar al contralor o contralora. No obstante, la elegida en el pasado gobierno representaba los intereses del Órgano Ejecutivo, presidido por Ricardo Martinelli, pero fue nombrada por la Asamblea Nacional, bajo la presidencia de José Luis Varela, quien de forma hipócrita hoy “se rasga las vestiduras”, pero ayer conminó a sus colegas a nombrar a la susodicha, sin mayores cuestionamientos en cuanto a su independencia, capacidad y experiencia para ocupar tan importante y delicado cargo.

En definitiva, lo ocurrido en el palacio Justo Arosemena, además de ser un sainete protagonizado por los “padres de la patria” como un mecanismo de distracción, en realidad constituye la punta del iceberg de un sistema político corrupto, caracterizado por un acentuado presidencialismo, rampante clientelismo político, así como por la falta de liderazgo institucional e independiente en el hemiciclo legislativo.

Aun cuando no puedo afirmar de modo categórico que el recién estrenado Órgano Legislativo cuenta, en términos absolutos, con integrantes comprometidos con la institucionalidad democrática, respetuosos de la ley y la Constitución Política, prestos a hacer valer el mandato constitucional de nombrar al próximo contralor general de la República, sin la injerencia de otros órganos del Estado, pienso que sí los hay. Y le sugiero a estos últimos que promuevan, como mecanismo de selección del próximo contralor, la apertura a concurso público de dicho cargo, a fin de que la próxima autoridad sea el resultado de la participación de todos aquellos ciudadanos que consideren que tienen los méritos para ocupar el puesto en referencia.

El país cuenta con muchos profesionales de alto nivel académico, experiencia política demostrada, adiestrados en la administración pública y, sobre todo, con conductas públicas y privadas que son ejemplos de honestidad, transparencia e independencia de criterio.

Ellos, sin duda, podrían ejercer el cargo, con imparcialidad y prudencia.

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