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CRISIS DE JUSTICIA

¡Ese no es el camino!: Juan Manuel Castulovich

El estado de derecho y la gobernabilidad, que no dependen solo de pactos legislativos sino de que las instituciones, principalmente los poderes públicos, cada uno en el ámbito de su competencia, cumplan con efectividad sus funciones, en Panamá son una distante realidad.

Además, si hay que estimar la importancia que tienen los órganos del poder público para que en nuestro país funcione el estado de derecho, el primer lugar corresponde al Órgano Judicial; pero ese desgraciadamente es el que más cojea.

Varias son las causas de la profunda crisis de la justicia panameña; pero, sin duda, la responsabilidad mayor la tienen quienes están a la cabeza del sistema, que es absolutamente vertical. La cúpula impone el rumbo y define los valores, correctos o distorsionados, casi siempre los últimos, que orientan el comportamiento de los estratos subalternos que de ella dependen, especialmente porque no es un secreto que desde arriba se interfiere y se viola el principio de los nombramientos escalonados, previsto por la Constitución y el Código Judicial.

Las denuncias hechas por un magistrado, que ocupó su presidencia, sobre trasiego de influencias y hasta de compra y venta de fallos fueron un gráfico, pero desalentador retrato del drama de la justicia panameña. Por tanto, la percepción general de que el sistema judicial no es confiable, de que se mueve por intereses y a paso de tortuga, no es producto de la invención ciudadana ni de los medios de comunicación.

Durante el pasado quinquenio el repudio ciudadano a la administración de justicia fue constante y creciente, y por momentos pareció que tendría efectos reparadores, pero no fue así. Ahora, después del cambio de gobierno, para salvar apariencias y curarse en salud desde las entrañas del sistema surgen voces que reconocen las realidades que se han venido denunciando por años y hasta se proclaman propósitos de enmienda, pero a la par que se proponen correctivos también se busca solapadamente preservar el pernicioso statu quo.

A eso y no a otra cosa están destinados los inusitados despliegues de la presidencia actual de la Corte y la declaración, en forma de diagnóstico tardío, de que “nuestra justicia está atrasada”. Eso no hace falta que lo vengan a reconocer ahora, pues lo hemos sabido desde siempre; pero no se debe a la carencia de recursos tecnológicos o humanos, a la falta de adecuación de las normas procesales o al retraso en la entrada en vigor del denominado “sistema penal acusatorio”. La esencia del problema está en la cúpula, y mientras su composición no se altere, sustancialmente no habrá una justicia confiable y expedita ni se despejarán los nubarrones que la mantienen en las sombras.

En un escrito que hace unas semanas le envié al presidente Juan Carlos Varela, hice la recomendación que ahora hago pública de comenzar por aumentar el número de los magistrados de la Corte, lo que puede hacerse mediante una ley que agregue uno o una a cada una de sus tres salas.

Constitucionalmente, al nuevo presidente le tocará nombrar cuatro magistrados de forma escalonada: dos para que asuman en enero de 2016 y otros dos para 2018. Pero los que podrá reemplazar son a los nombrados por Torrijos. Los designados Martinelli permanecerán en sus cargos. Y por esa vía es obvio que la sacudida a fondo que necesita la Corte no se producirá.

La segunda medida debe ser asegurar una verdadera autonomía al Órgano Judicial, y más específicamente de todos los magistrados y jueces, que tampoco se logrará con la aprobación del actual proyecto de ley sobre carrera judicial, que en nada alteraría el control omnímodo que sobre todo el sistema mantiene su cúpula.

La verdadera reforma del sistema judicial consiste en dotarlo de una auténtica autonomía, blindándolo contra las interferencias políticas y los intereses sectarios. Y para eso no hay que volver a inventar la rueda. Bastaría con emular un sistema similar al español, regido por un Consejo General del Poder Judicial, con una carrera que arranca desde sus bases, en la que los ascensos se ganan por méritos y por la vía de las oposiciones, y donde los jueces y magistrados solo tienen un compromiso: interpretar y aplicar correctamente la ley y la prevaricación, como en el caso del juez Garzón, se castiga ejemplarmente.

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