PLANES DE GOBIERNO

¿Tenemos capacidad para combatir la pobreza?: Ninotshka Tam

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¿Tenemos capacidad para combatir la pobreza?: Ninotshka Tam

El ataque a la pobreza ha sido una de las prioridades de los últimos gobiernos en Panamá. El tema casi siempre se ve en términos de aumentar la asignación de recursos, sin embargo, amerita una discusión no solo por el monto que se asigna, sino en cuanto a la calidad e impacto que tendrá en la meta de aliviar la pobreza.

Esto implica tomar en cuenta la dimensión institucional que constituye el mecanismo a través del que se gestionan estos recursos y que conduce, o no, a los resultados deseados. Este artículo aborda los desafíos institucionales que enfrenta el país en su lucha por erradicar la pobreza.

En el caso de Panamá, considérese que intervienen en el proceso entidades como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Educación (Meduca) e inclusive el Programa de Ayuda Nacional (PAN). Estos ejecutan programas como: 120 a los 65, Red de oportunidades, Adulto mayor, Huertos escolares, Programa de nutrición y otros de asistencia financiera dirigidos a sectores de bajos ingresos.

Es importante establecer un inventario claro de las iniciativas gubernamentales que se ejecutan y promover la coordinación entre esos programas, a efecto de aumentar las sinergias y reducir la duplicación de iniciativas. Por ende, se requiere una visión transversal (interinstitucional) del tema, y que se dé el adecuado intercambio de información entre las respectivas entidades.

Las instituciones mencionadas son las que se involucran en la ejecución de estas iniciativas, sin embargo, la formulación de las políticas también le concierne al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que redobla la importancia de establecer interconexiones apropiadas, así como la definición de los roles y los niveles de responsabilidad que tiene cada entidad en el proceso de entregar un producto o bien público, como en el caso que nos ocupa de reducir la pobreza.

Esto demanda, por otra parte, una identificación clara de cuáles son los gastos y asignaciones directas o indirectas que se destinan a los planes contra la pobreza, a efectos de reducir costos innecesarios, por ejemplo, en materia de burocracia.

Implica, además, establecer sistemas tecnológicos que se entrelacen para facilitar el proceso de recolección, organización y uso de data para evaluar el impacto de los programas en función de indicadores sociales y económicos claros, que ayuden a medir los avances en variables como alfabetización, nutrición, defunciones, nivel de educación e ingresos, entre otras.

Además hay iniciativas que deben sincronizarse e incluyen, por ejemplo, el mencionado programa 120 a los 65 con la asistencia que brindan entidades como el Minsa. Otro ejemplo a racionalizar es el proyecto de nutrición que brinda Meduca y el que ofrece el PAN.

Además, hay que hacer inventarios fidedignos y establecer sistemas de informática que ayuden a identificar a los beneficiarios y evitar duplicaciones. Estos programas, a su vez, requieren una capacitación y especialización del personal que interviene en el proceso de reforzar la operatividad de los colaboradores, todo ello basado en manuales de procedimiento y la descripción clara de las funciones de cada unidad administrativa, en las respectivas entidades.

Una alternativa para viabilizar las medidas de promover mayor coherencia y unidad interinstitucional se podría aplicar con la creación de secretarías nacionales que agrupen, por un lado, a los ministros y directores de entidades, a un nivel ejecutivo. Estas secretarías, a su vez, se pueden apoyar en otras de carácter técnico constituidas por especialistas competentes que ayuden a la operatividad para la toma de decisiones sectoriales e institucionales enfocadas, en este caso, en los señalados planes para erradicar la pobreza.

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