POBRES RESULTADOS

El combate al blanqueo de capitales: Ricardo M. Alba

El blanqueo de capitales amenaza a Panamá. No tanto porque sea un centro internacional de servicios, sino porque el país está en medio de los principales productores de drogas de uso ilegal, Colombia, Perú y Bolivia, y Estados Unidos, el mayor mercado de consumidores y en donde se practica el blanqueo de capitales.

En 1986, Panamá inició esfuerzos para proteger sus servicios financieros, legales y comerciales, del abuso de los delincuentes, con la Ley 23 que tipificaba el delito de lavado de dinero, y ha continuado con otras normas legales y reglamentarias, pero a la fecha tales esfuerzos muestran pobres resultados. Un logro digno de reconocimiento es la identificación de los verdaderos propietarios de entidades jurídicas, materia en la que aún hay aspectos pendientes. Otros, son los exigentes requerimientos para abrir o mantener cuentas bancarias de extranjeros y el suministro de información por parte de la Unidad de Análisis Financiero a los organismos similares y a otros gobiernos.

Excepto algunos enunciados de buenas intenciones del Gobierno que asumió la conducción del Estado en 1995, no existe una política nacional contra el blanqueo de capitales basada en el interés nacional, no determinada por el afán de los organismos internacionales y gobiernos extranjeros de obtener información. Hay que fijar como objetivo la reducción de los delitos subyacentes, la aplicación de normas penales a los delincuentes, el decomiso de activos producto de los delitos, el cumplimiento efectivo de normas de diligencia debida por parte de todos los sujetos obligados y entidades declarantes, y la colaboración internacional sobre la base de reciprocidad real, que permita a nuestro país obtener beneficios tangibles.

Estos objetivos deben ser coherentes con la obligación de proteger e impulsar el progreso y competitividad de las actividades económicas, de respetar la confidencialidad de la información de clientes y proveedores de servicios y de obedecer las reglas del estado de derecho. En vez de adoptar esa política nacional, en Panamá prevalece la actitud del “susto y el parche”. Es decir, corremos asustados cuando se nos avisa que viene una evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI), del organismo regional del Grupo de Acción Financiera Internacional o cuando leemos un informe discriminatorio del Gobierno estadounidense, y aplicamos normas que, a fin de cuentas, resultan ser limitadas en cuanto a su ámbito de acción y grado de cumplimiento.

Por cierto, en noviembre pasado el país fue evaluado por el FMI, pero las conclusiones se mantienen en el misterio. Ahora se anuncia otra por parte del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud).

Debido a la carencia de una política nacional, Panamá no dispone de un mecanismo sistemático y eficiente de autoevaluación que permita conocer los resultados en términos de reducción de delitos, castigo a los delincuentes, decomiso de activos de origen ilegal ni cumplimiento de la debida diligencia, mecanismo este que haría posible orientar debidamente un esfuerzo que tiene un elevado costo para el Gobierno, los proveedores de servicios y sus clientes sin que se vea con claridad la contrapartida en términos de resultados del combate al delito, ni en defensa de la economía y bienestar social.

Los organismos de supervisión y control carecen de mecanismos que les permita evaluar los esfuerzos de diligencia debida que arroje información sobre elementos como acciones de inspección, capacitación y aplicación de sanciones, entre otros. Por otra parte, ¿cuántos de los reportes de transacciones sospechosas enviados por los sujetos obligados, entidades declarantes o terceras personas a la Unidad de Análisis Financiero, una vez revisados se convierten en alertas al Ministerio Público? ¿Cuántas de estas alertas se transforman en investigaciones, y de estas, cuántas llegan a ser llamamientos a juicio que terminan en sentencias condenatorias?

La llamada Comisión de Alto Nivel Presidencial para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, organismo responsable de generar y poner en práctica la normativa y los procedimientos vigentes es inoperante. El Ministerio de Economía y Finanzas, responsable de la coordinación de la Comisión de Alto Nivel, carece de los recursos profesionales y la disposición política para cumplir esta responsabilidad.

No es la autocomplacencia, la adulación mutua, los parches, la ley del menor esfuerzo ni esperar el golpe “cariñoso” en el hombro de los organismos internacionales el camino acertado para buscar soluciones y ponerlas en práctica. Se trata de emprender acciones necesarias, completas, objetivas y efectivas. Se requiere que la acción legislativa que anuncia el Gobierno para la revisión y el cambio de la Ley 42 de 2000 no sea un parche más, sino un conjunto de normas que contemplen la formulación de una política nacional contra el blanqueo, la modificación legal, organizativa y funcional de la Unidad de Análisis Financiero, de la Comisión Nacional del Alto Nivel y del Ministerio de Economía, así como del vínculo de Panamá con el Gafisud. Además, la inclusión de sectores de la actividad económica y profesional en las normas de reporte o diligencia debe estar justificada por un análisis de riesgo, no por improvisaciones. El Gobierno cuenta con el aporte profesional y técnico para llevar adelante estas iniciativas de legislación y puesta en orden.

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