AMPLIACIÓN DEL CANAL

Uno se come la fruta y el otro se indigesta: Domingo Espinosa G.

El título de este artículo puede aplicarse a la tragicomedia que experimenta la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), conformado por Sacyr Valle Hermoso, Impregilo y Jan De Nul (todas empresas europeas) y Cusa de Panamá; consorcio que se ganó la licitación del contrato de ampliación y construcción del tercer juego de esclusas.

Cuando se le “vendió” el proyecto al pueblo panameño para que lo aprobara en un referéndum, se dijo que la obra costaría $5 mil 250 millones, precio que a todas luces no cubría los intereses de los préstamos obtenidos por el Gobierno y algunos sobre costos. Esto indicaba que el precio era mayor, sin embargo, el referéndum fue aprobado por la mayoría.

En la licitación pública, sorpresivamente, GUPC presentó una oferta mucho más baja de $3 mil 118 millones, con la que se adjudicó el contrato. Es aquí que le cabe alguna responsabilidad a la ACP, por aceptar un precio que sabía no cubría el costo de la ampliación. Esto despierta suspicacias y, ahora, muchos se preguntan si en esa transacción hubo, o no, arreglos tras bambalinas.

¿Será, acaso, que los economistas de Sacyr y GUPC hicieron malos cálculos y ahora han quedado insolventes, con una quiebra financiera a la vista? ¿O será que pensaron que se podían hacer adendas al contrato con la ACP, como ocurre regularmente en las obras públicas del Gobierno? Pues, resulta que estas analogías no se pueden hacer en los contratos con la ACP y que, además, Sacyr, debió tomar como referencia que en España (de donde es originaria) los sobre costos no pueden sobrepasar el 10% del valor pactado.

Hay sospechas fundadas de que Sacyr-GUPC se han quedado sin fondos para terminar la obra y ahora pretenden que la ACP les adelante la friolera de mil 600 millones de dólares por sobrecostos que, según la ACP, no han podido justificar. Pareciera que lo que quieren es engatusar a la ACP y hacer su agosto en enero.

Me parece oportuno el respaldo solidario que le han dado el Gobierno, las empresas privadas y el pueblo al administrador de la ACP, reiterándole la confianza, por la firmeza como ha manejado la crisis. A raíz del problema, la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, vino a Panamá, sin embargo, como la solución no está en sus manos, pasó por aquí sin pena ni gloria. Recientemente, la Comisión Europea se ofreció como mediadora del conflicto, pero volvemos al punto, no hay solución fuera del contrato, a menos que ellos quieran salvar la cara de las compañías europeas y prestarles el dinero que les hace falta para terminar la ampliación.

Lo insólito es que sean, precisamente, Sacyr-GUPC quienes presenten un preaviso de retirarse y dejar el proyecto a la deriva, cuando según versiones de la ACP, son ellos los que incumplieron y, de irse a un arbitraje internacional, quedarían mal parados y, quizás, hasta condenados. Lo más sensato es que la ACP exija el pago de la fianza a la aseguradora y busque otra compañía que termine los trabajos, y la supervise de cerca. El país ya ha perdido mucho dinero debido al retraso de esta importante obra.

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