DE TITULACIONES Y TPC

¿Qué va a pasar con la comida?: Carlos Eduardo Galán Ponce

Bueno, creo que la respuesta al título de este artículo dependerá de a quién le dirijas la pregunta. Si es a un político de la era postdevolución de la Zona del Canal, para él cada día se le ha ido haciendo más suculenta, más variada y más abundante.

Y es que si antes un funcionario público de jerarquía alcanzaba a robarse algo, podía ser un galón de pintura de una escuela. Pero ahora, da la casualidad de que los contratos que pasan por el despacho de los funcionarios de turno, de su sola firma dependen frecuentemente negocios de miles de millones de dólares. Y como dijo una vez un político mexicano: “no hay general que aguante un cañonazo de 50 mil pesos”.

Eso, en la época de los generales y de los pesos oro. Pero como todo es dinámico, las cosas cambian y ahora estamos en las grandes ligas, soberanos, con un “índice de crecimiento” y un “grado de inversión” que es la “envidia” del resto del mundo. Y los nuevos personajes en escena se han visto obligados a dedicarse a cosas más importantes y le han dejado las bagatelas a los “piedreros”.

Los hombres del campo vivieron por generaciones cultivando sus predios, sin sentirse afectados por no tener un título de propiedad. Su finca era suya y los vecinos lo sabían y lo respetaban. Se trasladaban de padres a hijos y su prioridad no era venderlas. La banca oficial agropecuaria aceptaba sus derechos posesorios como garantía para tener acceso a préstamos. Es cierto que con el paso del tiempo los hombres, con sus tierras en estas condiciones, se sintieron motivados a legalizar su tenencia y que muchas veces ese trámite demoraba demasiado. Pero, lo realmente importante y que le imprimía seriedad al proceso era que estaba en manos de una institución técnica agropecuaria del Estado. La Dirección de Reforma Agraria del Mida, con sede en Santiago de Veraguas, en el centro del interior del país; muestra de que estaba al servicio del hombre del campo. Solo era asunto de modernizar la institución y dotarla de mayores recursos. Cuando se trataba de terrenos urbanos, la titulación caía dentro de las facultades de los municipios respectivos. Mientras las cosas marcharon de esa manera, no recuerdo que se suscitaran mayores escándalos, por no decir que no hubo ninguno. Pero cuando las tierras pasaron a ser el “filete” del tal desarrollo, a los funcionarios se le abrieron los ojos y cargaron con todo para la capital. Y aquel que pretenda convencer a alguien de que la tristemente célebre Anati nació para solucionar el problema de la tenencia de la tierra a los hombres del campo, se le van a morir de risa en su cara. No se puede negar que “de refilón” en muchos casos se hizo justicia. Pero la realidad es que todo parecía venir orquestado para permitirle a los llamados “inversionistas” caerle en pandilla a las tierras de los hombres del campo a cambio de un puñado de pesetas que no les habrían de durar mucho. Todo con la anuencia de un Legislativo ovejuno, que aplaude, muchas veces sin siquiera entender nada, todo lo que les “viene de arriba”.

Nos está llegando una invasión de “inversionistas”, muchos vienen huyéndole a gobiernos de izquierda que ellos mismos provocaron en sus países, con sus despiadadas prácticas financieras que solo repartieron pobreza a sus poblaciones. Y no creas que han cambiado, solo han cambiado de escenario. Ya los verás en la práctica. Por otra parte, en el comercio liberal, los precios los pone el que más tiene y el que más puede. Esas fortunas inmensas, producto de países donde no dejaron que existiera esa clase media que predominaba en Panamá, están contribuyendo a encarecer los bienes y servicios a toda una población que no participa de los beneficios que pudieran traer esas inversiones extranjeras.

Ahora viene el TPC. Estados Unidos lo aprueba, porque considera que generará más empleos allá. Claro. Pero aquí sale un ministro regocijado, porque entramos a un mercado de 300 millones de personas, mientras que ellos solo acceden a tres millones de consumidores. Qué risa. Lo que no dice es que las firmas que lideran este mercado local, que poseen los mayores recursos y la mejor capacidad para generar negocios, son importadoras perennes y sus esfuerzos los seguirán destinando a la misma actividad. Las exportaciones no han sido ni serán su negocio. Y las firmas que participan en la exportación de productos agropecuarios, que han sido exitosas por la calidad de sus productos y no por excepciones arancelarias, ahora enfrentarán la competencia de productos que son desechos en sus lugares de origen. Caso específico: piezas de pollo e hígados de ganado vacuno.

Negros nubarrones se ciernen sobre la producción agropecuaria nacional –la única que tenemos segura–, por estos gobiernos que firman todo lo que les pongan en la mesa, con tal de que los califiquen con unos grados que para los pueblos no valen un real. Solo para que les presten más dinero. Dinero que no esperan pagar nunca o, en el mejor de los casos, que los pague el que sigue. Presupuestos millonarios aprobados a tambor batiente por diputados que, si al que más “boconea” le preguntaras, repentinamente: ¿Cuánto es 8x7?, lo pondrías en un serio apuro.

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