CASO PORTUGAL

La competencia y contradicciones legales: Donatilo Ballesteros S.

Con motivo de los cargos que se endilgan a la defensora del Pueblo, suspendida por una orden judicial, revisé las disposiciones legales que se aducen en torno a la competencia para su juzgamiento. Es interesante el panorama jurídico vigente. Me propongo hacer público el conjunto de disposiciones y las contradicciones que emergen de su aplicación, y de las medidas que se han tomado.

Con relación con el fundamento jurídico estimo que no se trata de cumplir formalidades para un evento, sino de la indebida utilización de fondos públicos, lo que implica malversación. Así por ejemplo, el artículo 338 del Código Penal dispone: “El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores, o bienes, cuya administración, percepción, o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de cuatro a 10 años”.

Los hechos denunciados y corroborados en la Asamblea Nacional constituyen una clara malversación de fondos públicos, asignados por razón del cargo a la institución. Aunado a ello, tenemos que los firmantes de la Contraloría no quedan exentos de pena, ya que sin verificar la real necesidad de la inversión y su costo, por omisos, solo atendieron la formalidad y consienten la malversación innegable de caudales públicos.

En relación con la competencia, debemos señalar que el artículo 94 del Código Judicial vigente, resalta que la Sala Segunda conocerá en una sola instancia, conforme al procedimiento que señala la ley, las causas por delitos o faltas cometidos por los que desempeñen cualquier otro cargo en todo el territorio de la República, que tengan mando y jurisdicción en dos o más provincias y que no formen parte de un mismo distrito judicial.

La defensora o defensor del Pueblo no están entre los funcionarios identificados en la primera parte de este numeral, no obstante, tienen mando y jurisdicción en todo el país, razón por la cual quedan inmersos en la competencia de la Sala Segunda de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento, cuando sean investigados por delitos o faltas.

Es importante indicar que el nuevo Código Procesal Penal, también otorga a la Sala Penal de la Corte Suprema, la competencia en los procesos que se sigan contra el defensor de Pueblo, hombre o mujer. Asimismo, en el artículo 86, numeral 2, acápite b, del Código Judicial, se menciona a los funcionarios cuyo juzgamiento está asignado al pleno de la Corte Suprema, entre los que no figura el defensor del Pueblo, por lo que no queda dudas que le corresponde a la Sala Segunda el conocimiento del proceso penal contra la defensora del Pueblo suspendida.

Se ha incurrido en un número plural de contradicciones y exposiciones legalmente erróneas, tanto el Código Judicial vigente, como el nuevo Código Procesal Penal, contemplan la separación del cargo de un funcionario público, cuando el delito que se le imputa tiene pena de prisión. Lo confuso es si correspondía al Ministerio Público o al magistrado ponente emitir dicha orden. Soy de la opinión que, de conformidad con las explicaciones ofrecidas por la funcionaria, queda demostrado la malversación de fondos públicos, pues los costos exageran los beneficios. Sentarse en un despacho público en un sillón de 500 dólares, tiene el mismo beneficio que sentarse en uno de 3 mil dólares.

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