ESTADO DE INDEFENSIÓN

El comprador de buena fe...: Hipólito Arroyave

No soy abogado y menos un experto en leyes. Sin embargo, hay situaciones legales que se suceden a diario a nuestro alrededor y que nos dejan la sensación de que vivimos en un estado de indefensión permanente. La figura jurídica de moda en este momento es la del “comprador de buena fe”, que surge casi siempre cuando hablamos específicamente de la venta o reventa de bienes raíces, y que se ampara en una ley sobre la fe pública registral.

Esta absurda ley supone una presunción legalmente establecida, según la cual el contenido del Registro Público se presume siempre exacto en favor del tercer adquirente, quien, por tanto, puede consolidar su adquisición en los términos publicados por el Registro.

Por lo expuesto, el “comprador de buena fe” puede legalmente mantener en su poder una propiedad aunque luego se compruebe que el “titular anterior” no fuera en realidad el propietario de cualquier derecho real.

En resumen, una propiedad que fuera de manera fraudulenta inscrita en el Registro Público y, a su vez, vendida como propia a una tercera persona, finalmente es perdida por su dueño legítimo. ¿Qué les parece esta situación? ¿Dónde quedan los derechos del dueño que nada ha hecho de ilegal?

Esta figura ha reencarnado ahora con el aspecto de un bondadoso pastor, que es el más inocente de todos. Resulta que el citado religioso actuando (tal vez) en nombre de la fe, adquiere la finca de un grupo de estafadores que titulaban tierras con la complicidad de notarios y funcionarios del propio Registro Público, entidad gubernamental cuya responsabilidad es resguardar las tierras legalmente inscritas en su base de datos y documentos. Sin embargo, como hemos visto, la institución también tiene en sus despachos a personas corruptas que se han prestado para facilitar la inscripción fraudulenta de propiedades que tenían su dueño legal. Con estas argucias, usando falsos documentos, etc., y con la complicidad de funcionarios de adentro, se logró vender fincas a terceros, ganando el estafador vendedor y, finalmente, el “comprador de buena fe”.

¿No sería más justo que el estafado y perjudicado sea quien “compró de buena fe” y no el dueño legal de la propiedad? Hasta el Presidente se manifestó y dijo que le parecía que el pastor de marras había “comprado de buena fe”. Dudo que el mandatario supiera exactamente lo que quería decir esa frase. El abogado del demandado y el pastor ya han dicho que todos sus papeles están en regla. Obviamente, se amparan en el acto ilegal con toda la desfachatez de la inmoralidad. Pero, ¿quién más puede ser inmoral en este país? ¿A dónde vamos a parar?

Toda esta situación me recordó el Código de la Familia, redactado por unas honorables diputadas hace varios años, porque en el renglón en que se habla de la impugnación de la paternidad, textualmente, dice: “La paternidad solo podrá ser impugnada hasta un año después del reconocimiento por el supuesto padre”.

Si este hombre tiene dudas sobre esta paternidad y le hace una prueba de ADN a ese niño después de transcurrido este tiempo y acontece que en realidad no es el padre biológico, entonces, no podrá hacer nada pues ya prescribió. Y solo se le quitará la obligación de una pensión, si apareciera el padre biológico real. Es decir, que en “pro del bienestar del menor” ese pobre hombre engañado tendrá que mantener a esa criatura hasta su mayoría de edad. ¿Qué les parece? Otra ley inmoral que castiga al que sí actuó de verdad de buena fe.

Creo que debemos establecer una discusión pública, debates televisivos, etc., y obligar a los vagos de la Asamblea Nacional a que trabajen para lo que fueron elegidos. Es decir, para modificar o poner adendas a leyes como estas que son injustas y que en realidad lo que hacen es premiar a los delincuentes y aprovechados en perjuicio de los honestos.

Mientras el pastor se llena los bolsillos con el dinero de los fieles que entregan el diezmo, “pagando por la fe”, parece paradójico que el mismo se aproveche de una figura jurídica en la que “actuando de buena fe”, se hace mediante una triquiñuela de un intermediario estafador, de una propiedad cuyos dueños tenían décadas de poseerla.

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