ÁREAS CANALERAS

De comunidades sostenibles a desarrollo depredador: Aída Torres

Uno de los logros más importante en la preparación para recibir el Canal de Panamá, nuestro más importante recurso, fue, en 1997, la creación de la Ley 21, cuya finalidad ha sido la conservación de las áreas canaleras y garantizar en ellas un desarrollo sostenible acorde con la conservación de ese bien que es el Canal de Panamá. La ley garantizaría un desarrollo ordenado en función de la sostenibilidad ambiental del Canal y sus áreas adyacentes. Desde la creación de tan importante logro hasta nuestra actualidad, los gobiernos que han estado al frente del Estado panameño no han logrado el propósito y la finalidad en esta noble causa de un desarrollo ambiental y sostenible, que permita y garantice a todos los panameños un caudal de servicios ambientales disponible en las áreas canaleras.

El discurso político que plantea un desarrollo de las áreas revertidas ha demostrado poca importancia con el desarrollo sostenible y a su mayor uso colectivo. El escenario de áreas revertidas en la actualidad se traduce en reformas a la Ley 21, para dar paso a usos privados más que colectivos; también, en la pérdida de espacios abiertos, de áreas arborizadas, en la desplanificación urbana. Desplanificación evidente en la aprobación de proyectos sin ningún respeto a la ley de áreas canaleras (Ley 21).

Ley cuya esencia es el Plan de Ordenamiento que los panameños pagamos, por nueve millones de dólares, con la finalidad de lograr una ciudad planificada, no al antojo de los acuerdos políticos y mercantilistas.

Se siguen haciendo cambios en el uso de suelo movidos por el interés privado, no colectivo; un desarrollo portuario privado al que se le concesionaron espacios marinos para rellenos; importantes espacios públicos con instalaciones deportivas que hoy son patio de contenedores y hasta una avenida que nos pertenecía a todos.

Se promovió un desarrollo portuario que acabó con los manglares en Diablo. Sí, con estos importantes ecosistemas en la reproducción de especies marinas; un desarrollo portuario que interviene y transforma los cuerpos de agua, sin mitigar su impacto, como lo ha hecho con el río Curundú, que desemboca en aguas del Canal, cambiando su cauce a favor de su expansión y causando fuertes impactos negativos en la comunidad.

Quienes impulsan el desarrollo portuario y ferroviario tratan de legitimar sus acciones, depredadoras e inhumanas, diciendo: “debemos sentirnos orgullosos de vivir junto al más grande puerto de Latinoamérica”. Ellos y sus aliados políticos, en una complicidad inhumana, no incluyen en ese desarrollo el respeto a la vida, al ambiente y al futuro de las nuevas generaciones.

No es desarrollo aquel que impulsa la economía pero no impulsa el desarrollo social. No es desarrollo aquel que propicia la inversión, apropiándose de la naturaleza sin inversión en la restauración y mitigación de los daños.

Al gobierno que administra el Estado le corresponde ser vigilante, garantizar ese respeto a la vida y lograr una vía de salida para la población de la comunidad de Diablo, que ha quedado en condición de riesgo, atrapada por el desarrollo del puerto y el ferrocarril. ¿Dónde está el Estado que salvaguarda y protege a sus conciudadanos? Así como los jerarcas usan ese poder para concesionar y facilitarle a los grandes inversionistas sus condiciones de vida, ¿por qué no lo ejercen para exigir que se cumpla con los estudios de impacto ambiental y con las medidas de mitigación? Esto es importante hacerlo, porque el impacto negativo de ese desarrollo tiene un costo humano.

Este es un ejemplo más de la corrupción y la entrega de nuestros intereses al poder económico por parte de los gobiernos de turno. En este caso, como en muchos otros en nuestro país, es inminente la participación de los ciudadanos organizados, para defender la calidad de vida y el ambiente.

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