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COMBATE CONTRA LA CORRUPCIÓN

La condena global de un empresario: Gino Osellame R.

La reciente sanción penal del magnate Marcelo Odebrecht en Brasil debe ser la llama que encienda el caldero del combate global contra la corrupción, en una Latinoamérica agotada de tanto pillaje de la cosa pública.

Hago especial referencia a la región latinoamericana, porque son pocos los países, pero muchas las intenciones de perseguir judicialmente a quienes deslealmente procuran un beneficio extraordinario o irregular, por el ejercicio del cargo público que desempeñan y la responsabilidad puesta en sus manos.

En nuestro país, alguna que otra noticia se recibe, de forma tácita, cuando la mano de la justicia alcanza a los servidores públicos de mandos medios o insignificantes a nivel de la administración pública. Sin embargo, de forma virtual, por lo menos, la sociedad panameña ha sido testigo de la experiencia judicial, que han tenido algunas naciones de la región, al procesar e incluso condenar a algunos de sus principales mandatarios.

En este sentido, solo por mencionar algunos casos de reciente data, vemos que en Guatemala se está procesando a Otto Pérez Molina. Nicaragua procesó, condenó y luego absolvió políticamente a Arnoldo Alemán. En El Salvador, se investigó, hasta donde la vida le permitió, a Francisco Flores (qepd). Costa Rica ya lleva dos expresidentes condenados judicialmente, Miguel Rodríguez Echeverría y Rafael Angel Calderón. En Brasil, actualmente se puede seguir, a través de los medios de comunicación social, las pesquisas sumariales que se arman en contra de Luiz Inácio Lula da Silva y de su sucesora Dilma Rousseff.

Allí mismo, en esa región del continente, específicamente en Chile, se iniciaron investigaciones penales de familiares íntimamente cercanos de Michelle Bachelet. Y ni hablar de los escándalos al otro lado del Atlántico, en la casa de los Borbón, ni de los procesos judiciales que se desarrollan en nuestro patio y la sonada condena de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

La manifiesta voluntad general de perseguir los delitos derivados del poder político está relacionada a la mayor participación de la sociedad civil organizada y al empoderamiento de diversos derechos e, irrestrictamente, a una condición de desarrollo de social, intelectual y cultural, que se enfrenta a la difícil situación de crisis económica crónica de la región latinoamericana.

En nuestra legislación el delito de corrupción de servidores públicos es entendido como una conducta atípica, que se desenvuelve entre dos actores, uno activo y el otro pasivo. Dichos roles son intercambiables, en la medida en que sea uno el que ofrezca la dádiva, el beneficio ilegal o la cuestación indebida por parte del servidor público. De forma inmaterial, este es percibido por los medios de comunicación y por la opinión pública, como el responsable indudable del delito de corrupción, omitiendo en la mayoría de los casos al sujeto contrapuesto que requiere este tipo penal que, por lo general, está constituido en un particular, un empresario o un comerciante respetado en sociedad, quien, cual serpiente del Edén, ofrece la mordida de la poma al servidor público.

Entonces, toca reconocer que como un tumor enquistado en nuestra sociedad yace superfluamente una clase de empresarios y comerciantes que rumian la ética de los servidores públicos, para obtener beneficios extraordinarios e ilegales de las funciones derivadas del cargo desempeñado por estos, bajo la égida de una cordura política basada en la hipocresía y la perversión moral de la sociedad.

En consecuencia, la condena del empresario Marcelo Odebrecht, por delitos cometidos en perjuicio del Estado brasileño, es un precedente global y relevante, que tímidamente amenazará a quienes, desde esa posición, pretendan hacerse de capital mal habido, o bien de oportunidades de negocios, con los administradores en ejercicio de la cosa pública. Inclusive de aquellos que pretenden beneficiarse con esta modalidad de delito, a futuro. Es decir, con las donaciones de particulares o empresarios a candidaturas políticas con fines electorales, por sus efectos simulados y objetivos ulteriores, que pueden convertirse en la apología del delito de corrupción, que en nuestra sociedad no debe ser un problema de solución inextricable, si se le exige la transparencia debida a todos los actores que se relacionan con la cosa pública.

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