MALESTAR

¿Quién decide las condiciones para una constituyente?: Jorge Rivera Staff

El pasado 1 de julio el presidente Juan Carlos Varela confirmó lo que era una posición a medias tintas del Gobierno desde hace meses: que postergaría la convocatoria del proceso constituyente, porque “siente que no es el momento”, y sin mayores explicaciones y, salvo algunas reacciones aisladas de ciertos actores recogidas por los medios, nada más se dijo al respecto o, por lo menos, a nivel de agenda pública el asunto pasó a segundo plano.

Esto sería suficiente si viviéramos en un régimen autoritario o en una monarquía ilustrada en donde la palabra (o en este caso el sentir) del regente es más que suficiente para agotar un tema cualquiera, pero resulta que estamos en un país que intenta desarrollar una democracia más allá de lo electoral y consolidar un estado de derecho. Situaciones como esta, en las que no hay mayores explicaciones de las autoridades hacia los ciudadanos, son las que hacen imperativa una constituyente que supere deficiencias. Es doble de grave la omisión del mandatario, al ser la constituyente una de las promesas centrales de su campaña electoral.

Una parte importante (si no la mayor) de una constituyente no es el producto en sí–el texto constitucional– sino el proceso amplio y profundo de empoderamiento de los grandes temas nacionales que en la sociedad se debe producir para sustentar los valores, principios y métodos para nuestro país, mucho más allá del recinto donde deliberen los 60 constituyentes que sean elegidos.

En esa línea de pensamiento, y como quiera que la democracia se construye entre todos, ¿por qué no organizar como primer paso un foro o encuentro nacional en el que se analice a fondo –y en público– si esas condiciones están dadas o no, de acuerdo a lo manifestado por el Presidente? En este encuentro, la ciudadanía organizada, la academia, la clase política y, sobre todo, el Gobierno tendrían oportunidad de aportar al debate, explicar y confrontar posiciones al respecto. Luego de sacar conclusiones, mediante rendición de cuentas, consulta y participación ciudadana es que podríamos decidir si esas condiciones están dadas, y no en virtud de una simple manifestación de voluntad señorial de un funcionario que, al final de cuentas, está donde está por decisión del pueblo.

Si en el fondo el Gobierno no busca cumplir su promesa de campaña, y si en base al debate realizado la ciudadanía considera que las condiciones sí están dadas para dicha convocatoria, no queda otra alternativa más que ejercer nuestro derecho e iniciar el proceso de recolecta de firmas para convocar la constituyente, tal como lo habilita el Art. 314 de la Constitución. Si este fuera el caso, en realidad se demostraría que las condiciones que no están dadas son aquellas para que el gobierno actual se diferencie de los anteriores y, aunque sea por una vez, cumpla la palabra empeñada en la pasada contienda electoral.

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