CIUDADANOS ARMADOS

Cuando los hechos contradicen la posición de las autoridades: Raúl Eduardo Molina

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A las 7:00 de la noche de un día de julio de 2014, un ciudadano llega a su casa, se baja de su automóvil para abrir el portón y de inmediato regresa al vehículo, pero se encuentra con delincuentes armados que forcejean para abrir la puerta y robarle, o quizás algo peor. Como él se resiste, le disparan en una pierna. Al ver su vida amenazada, toma su arma de fuego –legalmente registrada– y logra herir a uno de los delincuentes, quien fue arrestado cuando ingresó al hospital. Los otros se dieron a la fuga. Unos días después, el delincuente fue liberado gracias a una medida cautelar en lugar de haber sido procesado por homicidio frustrado (delito que no admite fianza de excarcelación).

Ahora este ciudadano observa atónito las declaraciones de los funcionarios del gobierno que pretenden restringir el derecho de la ciudadanía a tener armas, previo cumplimiento de los requisitos legales, en lugar de perseguir a los delincuentes para devolverle la seguridad al país. La historia descrita, como las posteriores declaraciones de los funcionarios, son reales. Este tipo de violencia es parte de la ola de asaltos que se registran en los restaurantes, como quedó grabado en el video que muestra la saña con la que los asaltantes patean el rostro de una comensal.

El Gobierno y la Policía Nacional no pueden proteger a toda la población las 24 horas al día, pero pretenden impedir que se defienda contra la delincuencia. En diversos medios de comunicación he visto a funcionarios señalar que los requisitos para portar armas son laxos y que cualquiera las puede obtener. Sugieren que es tan fácil como comprar caramelos, y argumentan que es necesario cambiar la ley porque hay pandilleros con permisos legales. Ambas declaraciones son falsas.

Participé en la redacción de la Ley 57 de 2011 que contiene muchos otros requisitos. Es imposible que un delincuente con antecedentes saque una licencia de este tipo. Además, se exigen pruebas antidrogas y psicológicas que demuestren la salud mental y emocional del solicitante; que no tenga antecedentes penales, y un curso teórico-práctico sobre manejo de armas. Por otra parte, la ley contiene mecanismos que permiten y ordenan a las autoridades cancelar una licencia en el evento de que el portador cometa delitos con posterioridad a la expedición. ¡No hay lagunas en este tema!

Para apoyar mis afirmaciones, le solicité al Ministerio de Seguridad que certificara cuántos portadores legales de armas de fuego habían sido procesados y/o condenados por actos delictivos como robo, hurto u homicidio. La respuesta fue: “Dejamos constancia, por escrito, que en la actualidad esas cantidades no se encuentran registradas como estadísticas”. Esto significa que no hay nada que bajo argumento científico apoye la pretensión del gobierno de desarmar a la ciudadanía decente, como una medida efectiva para reducir la criminalidad que azota al país.

Esto equivale a que un médico ordene una amputación sin saber qué padece el enfermo. Es evidente que no lo curará, sino que agravará su estado de salud.

Lo que hay que clarar es por qué las autoridades entregaron licencias para portar armas de fuego a delincuentes, algo que viola la ley. Si saben que determinados individuos son pandilleros, exijo –como ciudadano de este país– que me expliquen por qué no han procesado penalmente a quienes ellos señalan como delincuentes, y en su lugar les dieron los permisos.

Las leyes que les prohíben a los ciudadanos decentes tener armas de fuego lo único que logran es que estas solo queden en manos de los delincuentes. En Venezuela, por ejemplo, el difunto Hugo Chávez las prohibió y la ciudadanía se quedó indefensa frente a la delincuencia. Hoy ese país tiene el índice más alto de homicidios en el mundo.

En Estados Unidos, las ciudades de Chicago, Detroit y Washington D.C. tenían los más altos índices de homicidios. En las tres había, hasta hace poco, prohibiciones para el porte legal de armas. Tan pronto la Corte Suprema declaró inconstitucional dicho impedimento y se permitió la adquisición, en Chicago y en Washington D. C. los índices de homicidios y delitos violentos empezaron a disminuir, según demuestran las estadísticas oficiales.

En Panamá, queda en manos del gobierno decidir si respetarán el derecho de los ciudadanos a defendernos de la criminalidad, o si nos dejan a merced de una delincuencia implacable y carroñera, que dispara primero para luego robar con impunidad.

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