BIEN COMÚN Y EMPRENDIMIENTO

Por una contratación pública ‘millenial’: Alejandro Chevalier Molina

Confío en que Panamá tendrá los mejores índices democráticos y de desarrollo del continente en 2035. Resulta una historia de esperanza la que el Leicester City Football Club protagonizó, hace unos días, al coronarse, luego de 132 años de existencia, campeón de la Premier League. Quisiera pensar que a nuestro país le faltan alrededor de 19 años, llenos de decepciones pero, también, de trabajo duro y esfuerzo constante ante adversidades, para colocarse como líder definitivo de la región. Los órganos estatales actuales, lejos de llevarnos a una posición de liderazgo, nos mantienen evitando el descenso a ligas menores, situación en la que se encontraba el mencionado equipo inglés la temporada pasada.

El proyecto de ley 305, que modifica las regulaciones de contrataciones públicas de 2006, puede clasificarse como una clara muestra de la mediocridad existente en nuestro sistema legislativo.

Resulta extremadamente placentero ver cómo se exige un veto al Ejecutivo por temas controversiales como la exclusión de los medicamentos del ámbito de aplicación de la ley y la inhabilitación de empresas condenadas en el extranjero. Estas últimas exigencias, basadas en una promesa de total transparencia, revelan el tipo de sacrificios enigmáticos que corre nuestro gobierno al brindarle al pueblo alternativas impulsadas por velocidad y no por prudencia.

Ahora, somos nosotros, la generación millenial, la que debe ir más allá de estos planteamientos, buscando reformas que satisfagan nuestras necesidades y procuren el bien común. Gracias a la oportunidad que tuvimos de crecer de la mano con el internet y la globalización, y por ser criados como buenos consumidores, cuestionando, absolutamente todo, hoy somos parte de una generación enfocada al emprendimiento.

Estudios del Banco Mundial, publicados en la página de la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), revelan que en América Latina hay muchas empresas y poca innovación.

En el caso de Panamá, se señala que “una baja capacidad de respuesta y debilidad institucional en el ecosistema de emprendimiento en la industria de soporte, instrumentos financieros, articulación institucional, mentalidad-cultura y sistema educativo”, provocan un bajo nivel de emprendimiento local, a pesar de que en diarios como El Financiero se diga que Panamá es un lugar ideal para emprender.

Es precisamente, en las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas, que encontramos una oportunidad ideal para que suba el nivel de oferta institucional que apoye procesos de articulación y consolidación de marcos normativos para el emprendimiento.

Hace unos cuantos años se desarrolló una iniciativa legislativa en España que buscó, primordialmente, promover la unión del emprendimiento con la contratación pública. Los proponentes se percataron de que su sistema público requiere innovación que puede ser perfectamente aportada por el sector de negocios start-up/emprendimiento.

Este modelo español logró incluir en su ley de contrataciones públicas modificaciones como la posibilidad de que empresas pequeñas pudiesen unirse temporalmente para contratar con la administración pública sin necesidad de formalizarlo hasta el momento de la adjudicación. Esto motiva a que varias empresas pequeñas con objetivos afines acudan a licitar en equipo cumpliendo con la respectiva clasificación.

El principio de igualdad de los proponentes se ve asegurado en el punto anterior al igual que cuando se propuso prohibir la discriminación de contratistas previos, que involucra que cualquier cláusula en pliegos que favorezca a un contratista puede traducirse en la nulidad del proceso.

Esta reforma, de igual manera, hizo posible que se constituyeran garantías por medios electrónicos para así crear mayor flexibilidad a la hora de contratar. En Estados Unidos también existen los set aside programs que apoyan, al momento de licitar, la inclusión de empresas pequeñas con características específicas, como aquellas que son lideradas por mujeres, por ejemplo. Adicional a estas reformas que pudiesen aplicarse en la legislación local, si consideramos que las materias sujetas a modificación del proyecto de ley 305 involucran la capacitación de los servidores públicos en materia de compras públicas, ¿por qué no utilizar plataformas de start-ups, como Ayudinga, para crear material didáctico interactivo para los funcionarios? Más allá de esto, plataformas, como Ubiqua, a través de sus softwares empresariales, pueden optimizar y mejorar la productividad del sistema de licitaciones.

El aumento de patrocinadores de start-ups, como Ciudad del Saber o eventos como el Entrepreneruship Week el año pasado, demuestran que este es un sector de nuestra economía que anhela desarrollarse al máximo.

En otras palabras, el mensaje del proyecto ley 305, aparte de no ser claro al hablar de transparencia, señala que es mejor que una empresa corrupta en el exterior contrate en Panamá antes que aquellas, que aunque pequeñas, fueron creadas con esfuerzo y emprendimiento “del patio”. Por otro lado, está en este proyecto de ley una oportunidad evidente de promover el emprendimiento.

El Estado, al tener los medios suficientes para comprar cualquier producto de negocios imaginable, puede resultar ser un gran cliente, incluso durante recesiones.

La posibilidad de abrirle el paso y, sobre todo, motivar a este tipo de empresas a participar en licitaciones puede llevarnos a dejar una notable administración pública deficiente en el pasado. Más que evitar un descenso en nuestro nivel de competitividad regional –i.e., peor es nada–, nuestros gobernantes deben siempre aspirar a la excelencia y a los más altos estándares.

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