ABUSO POLICIAL

Fuera de control: Carlos Guevara Mann

Nuevamente se luce la Policía Nacional, suponemos que en cumplimiento de su lema “proteger y servir” (¿a quién?). El viernes 15 de noviembre, unidades de esa organización, vestidos con ropa corriente, interceptaron y abrieron fuego contra un automóvil en el que viajaban personas inocentes, hiriendo a dos de ellas (La Prensa, 17 de noviembre).

Este es el más reciente de los acontecimientos que demuestran que la fuerza pública está fuera de control, como bien lo ha explicado el abogado constitucionalista y primer defensor del Pueblo, Dr. Ítalo Antinori Bolaños. Ocurre menos de un mes después de que agentes de la policía ultimaron a dos menores de edad en San Carlos mientras viajaban en la parte posterior de un vehículo, en compañía de sus padres.

Ambos incidentes, en conjunto con hechos anteriores, evidencian la falta de profesionalismo que impera en la fuerza pública, que va de la mano de la proclividad autoritaria y militarista de sus jefes e integrantes. Se trata de una combinación explosiva.

Poner armas de fuego en manos de gente primitiva e inexperta, a la que se ha inculcado el culto a la fuerza y la arbitrariedad a través del entrenamiento en centros militares de países como Colombia, es una estupidez mayor y una receta para el desastre que ya estamos viviendo.

El militarismo es la amenaza más grande a la viabilidad de Panamá como Estado democrático. La amenaza ha ido creciendo con el paso de los años. En tiempos de Pérez Balladares, los policías empezaron a desfilar con atuendos militares, evidenciando con sus actuaciones la inclinación militarista de los servicios de seguridad.

En esos años, el Gobierno también comenzó a enviar policías a entrenarse en academias militares, inicialmente en Estados Unidos. Ahora también van a Colombia, país con un largo prontuario de abuso castrense contra la población civil.

Con el terreno así abonado, durante su infortunada presidencia Martín Torrijos, estimulado por el Plan Mérida del Gobierno estadounidense, se dedicó a promover el militarismo en la fuerza pública. Para llevarlo a cabo con total efectividad nombró como ministro de Gobierno y Justicia, a cargo de los organismos de seguridad, a un militar vinculado a actos de violencia durante el régimen castrense.

Entre ambos crearon organismos militares como el Servicio Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), cuyos abusos contra la población son numerosos y a los cuales se vincula a irregularidades.

La actual administración ha continuado implementando la remilitarización. En 2010, mediante la Ley 74, la Asamblea Nacional creó un fuero inconstitucional a favor de los miembros de la fuerza pública que sean denunciados, querellados, imputados o procesados “por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto de servicio o en cumplimiento del deber”.

Gracias a esta ley, los integrantes de los servicios de seguridad que se excedan en el uso de la fuerza no son objeto de prisión preventiva ni suspensión provisional del cargo. Mientras se emite una sentencia, se les asignan “funciones administrativas” dentro de la organización a que pertenecen.

Para apreciar la injusticia de esta medida, es oportuno destacar que las cárceles panameñas están llenas de individuos detenidos preventivamente por delitos mucho menos graves que el uso indebido de la fuerza policial.

En la exposición de motivos que acompañó la presentación de esta ley, el ministro de Seguridad Pública adujo que la nueva norma “no propugna por la impunidad, por el contrario, en consonancia con las progresivas leyes penitenciarias del mundo, se utilizan las capacidades de los internos (en este caso los miembros de la fuerza pública investigado [sic] por un delito), para que sean utilizadas en aras del beneficio institucional”.

Desdichadamente, la ley sí ha promovido la impunidad. Como lo señaló el profesor Marco A. Gandásegui, desde 2007 la fuerza pública “ha estado involucrada en la muerte de 17 personas por negligencia y/o prepotencia” y la contención de manifestaciones de protesta (la represión mal aplicada) por la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) ha segado la vida de otras ocho personas y dejado decenas de heridos” (Radio La Primerísima, 1 de noviembre).

Es tiempo de ponerle fin al abuso policial, antes de que los gorilas vuelvan a entronizarse.

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