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La corrupción y las tierras del Estado: Donaldo Sousa Guevara

En 2008, hicimos una consultoría para una empresa canadiense sobre el ordenamiento jurídico panameño y las políticas de tierra. Concluimos que se ocasionan graves impactos al ambiente y la calidad de vida de los panameños, por tener un sistema con fallas institucionales y un ordenamiento que permite un poder discrecional, centralizado en los gobiernos y la total falta en la toma de decisión de los legítimos actores del Estado. Esta naturaleza jurídica, excluyente del sistema de tierras, determina, también, la corrupción imperante.

La consultoría estableció qué debemos hacer para lograr una administración de tierras, científica y acorde a un Estado moderno, que respete la función social y ambiental de la tierra, mediante un manejo integral–institucional, con participación mayoritaria de los actores del Estado en la toma de decisiones en la institución, para dotar de legitimación y transparencia el sistema. Esto se requiere en todas las instituciones del Estado.

Además, se concluyó que la administración de tierras debe fundamentarse en conceptos avanzados del desarrollo sostenible y planificación biorregional en el ordenamiento territorial, de manera que se respete el uso sostenible de los suelos, la protección de los recursos naturales, los procesos ecológicos esenciales y la participación ciudadana, dirigida al logro de la mejor calidad de vida. De otra manera, continuará el daño a la dimensión ambiental de los panameños.

Lo sustentado queda demostrado tras el escándalo del terreno de Paitilla y otros que se desconocen y afectan a ciudadanos humildes, como Aurelio Camaño, en Pixvae, Veraguas, quien a pesar de tener probados derechos posesorios sobre sus tierras, enfrentó a terratenientes (con presuntos apoyos del poder) que, primero, trataron de comprar sus tierras a un precio irrisorio y, luego, arrebatárselas, por lo que fueron denunciados penalmente y ante Catastro.

Está claro que la Ley de la Anati no responde a los principios expresados, lo que impide que las decisiones sobre las tierras estatales sean científicas y legítimas, debido al control del Ejecutivo. Lo que sustentamos se requiere no solo para esta institución, debe ser urgente lograr estos objetivos en todo el país, por el manejo interinstitucional de los actos, de manera que la única respuesta para evitar la corrupción, daños a la calidad de vida y la dimensión ambiental del país, es dotar de fuerza política a la ciencia en función de la vida digna, mediante la participación plena y mayoritaria en las decisiones de los legítimos e idóneos representantes del Estado, en todas las instituciones.

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