Mañana: Café con La Prensa sobre la reestructuración de la ciudad de Panamá

CASAS EN RIESGO

El costo de la corrupción: Edgardo Lasso Valdés

Cada vez que se presentan incidentes de graves consecuencias, con la pérdida de vidas humanas y la destrucción de carreteras, viviendas y enseres domésticos, se escuchan los mismos lamentos de funcionarios que le achacan lo sucedido a las lluvias, al desbordamiento de ríos o a las inundaciones, como un acto de la naturaleza.

Sin embargo, los responsables de los proyectos de construcción de viviendas y las autoridades que otorgan los permisos correspondientes pasan desapercibidos y, supongo, que felices de ello, pues la ciudadanía se hace eco de las explicaciones recibidas y aceptan, como buena, sus razones por los daños sufridos. Pero, la naturaleza no tomó la decisión de construir casas en terrenos inundables, cerca de las riberas y de los cauces de ríos y quebradas, que cuando se incrementan por las torrenciales lluvias siguen su natural camino, desbordándose en los terrenos colindantes a su ruta.

Los humanos sabemos que esto sucede normalmente en la época lluviosa, entonces, ¿por qué culpar a las lluvias por las inundaciones y por los daños a las residencias? Las personas que insisten en construir sus viviendas en áreas bajas, cerca de los ríos y quebradas, deben estar conscientes del riesgo al que exponen a sus familiares, y tratar de protegerlos.

Los promotores obligados por ley a presentar estudios de impacto ambiental de sus proyectos de viviendas, en ciertos casos, obvian esos estudios y le pagan regalías a los inspectores del Gobierno, para obtener los permisos correspondientes e iniciar la construcción de las viviendas. Muchos compradores ignoran que sus casas se construyen sin el debido respaldo de los estudios legales que garanticen su seguridad familiar. Es decir, que los compradores son quienes pagan, con luto y dolor, la deshonestidad de promotores inescrupulosos y de inspectores corruptos.

Las leyes se emiten con el propósito de lograr una conveniencia pacífica entre todos los habitantes de un país; las autoridades son personas de la misma comunidad, escogidas como garantes del cumplimiento de las leyes y reglamentos, por todos sus habitantes. Si, por negligencia o corrupción, permiten el incumplimiento de las medidas de seguridad y eso lleva a la pérdida de vidas y bienes materiales, esos garantes son los responsables directos y, como tales, sujetos a las sanciones que las mismas leyes estipulan.

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