IMPUNIDAD

Los crímenes de la dictadura: Carlos Guevara Mann

Murió Jorge Rafael Videla, exdictador de Argentina. Falleció el 17 de mayo en la cárcel, como correspondía a quien presidió (entre 1976 y 1981) una sanguinaria dictadura, culpable de la muerte y desaparición de al menos 30 mil personas entre el golpe de Estado que dirigió Videla y el colapso del régimen en 1983.

A sus 87 años, cumplía una pena de prisión perpetua por tres condenas: la que se emitió en 1985 por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos cometidos por la junta militar (“juicio a las juntas”), la que se dictó en su contra por torturas y secuestros en la provincia de Córdoba y la que se le aplicó por apropiación de bebés, hijos de desaparecidos (Agencia Nacional de Noticias de Argentina [Télam], 20 de mayo).

Una semana antes, un tribunal guatemalteco condenó al exdictador Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel, por genocidio y otros delitos. El tribunal consideró que las actividades represivas llevadas a cabo durante su dictadura (1982-1983) contra el pueblo maya ixil, que condujeron a la muerte de al menos mil 771 individuos de dicha etnia, constituyen acciones genocidas encaminadas al exterminio de esa población indígena. Se estima que durante los 36 años del conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996) murieron alrededor de 200 mil personas y desaparecieron otras 45 mil (BBC Mundo, 10 de mayo).

Aunque el Tribunal Constitucional guatemalteco anuló la sentencia dictada el 10 de mayo por un error de procedimiento y ordenó la repetición de las etapas finales del juicio, es significativo que Guatemala, un país afectado por altos niveles de impunidad, esté llevando a cabo un proceso judicial de esta trascendencia con resultados inicialmente alentadores para la defensa y promoción de los derechos humanos (BBC Mundo, 21 de mayo).

En Panamá, mientras tanto, a 23 años de la caída de la dictadura militar, aún no hay una sola sentencia en firme por los crímenes del régimen castrense, según lo denunció el Comité de Familiares de Desaparecidos “Héctor Gallego”. De los 110 casos de muerte y desaparición forzada documentados por la Comisión de la Verdad, 84 fueron instruidos por el Ministerio Público y presentados ante la justicia. De estos 84 casos, 18 fueron declarados prescritos (a pesar de constituir crímenes de lesa humanidad); 4 fueron definitivamente sobreseídos y 18 fueron sobreseídos provisionalmente. En 3 procesos hubo indultos (a pesar de que el indulto no es aplicable a los delitos penales) y en 2 casos se absolvió a los sindicados.

En 8 procesos se dictaron condenas de primera instancia, las que han sido apeladas, por lo cual los sindicados permanecen en libertad. Los restantes 31 casos, según el Comité, “siguen en trámite” en el Ministerio Público y el Órgano Judicial (La Prensa, 19 de mayo).

Semejantes estadísticas indican una falta de seriedad que no es coherente con la imagen de un Estado moderno y cumplidor de sus obligaciones que los sectores dirigentes quieren presentar en el extranjero. El respeto por los derechos de los ciudadanos es el atributo fundamental de una sociedad democrática moderna y la capacidad del Estado de prevenir y castigar las violaciones a estos derechos provee un sustento importante a las actividades creativas y productivas.

La falta de interés por procesar los crímenes de la dictadura incumbe en primera instancia al sistema judicial, incluyendo al Ministerio Público y el Órgano Judicial. Al respecto del desempeño de estas organizaciones, el más reciente informe de la Fundación Bertelsmann (2012) señala que las decisiones del sistema judicial panameño “frecuentemente están subordinadas a consideraciones políticas o son severamente limitadas por la corrupción y los déficits funcionales” (http://www.bti-project.org/countryreports/lac/pan/).

Otras entidades llamadas a colaborar a la defensa y promoción de los derechos humanos tampoco se interesan suficientemente por esta temática. Hace varios años que la Defensoría del Pueblo, creada en 1997 para velar por la protección de los derechos humanos, dejó de ejercer con energía las funciones que le competen.

La Asamblea Nacional, especialmente a través de su Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, no presta atención a este tema. ¿Cuántas audiencias sobre los casos de la dictadura ha celebrado esta Comisión? ¿Cuántas veces se ha reunido con los familiares de las víctimas?

El Estado panameño está en mora con la justicia. Más allá de la problemática moral que esto implica, es preciso que entendamos que mientras no se cumpla y se haga cumplir la ley en lo que atañe a los derechos humanos, nuestras posibilidades de desarrollo seguirán siendo limitadas.

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