CALUMNIA E INJURIA

No criminalizar el periodismo crítico: Betty Brannan Jaén

WASHINGTON, D.C. –En la controversia sobre el asilo que Panamá ha concedido al ecuatoriano Carlos Pérez, uno de los dueños del periódico El Universo, rechazo que el presidente ecuatoriano Rafael Correa califique a Pérez de “delincuente común” en base a una condena penal por difamación. Igualmente, rechazo que el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, haya dicho –con un criterio analítico asombrosamente primitivo– que “entonces, todos los delincuentes que en este país sean sentenciados que vayan a pedir asilo político a Panamá”. Si Patiño y Correa no ven diferencia alguna entre un periodista condenado por haber escrito o publicado una afirmación, supuestamente difamatoria, y un delincuente cualquiera condenado por un crimen común (digamos, por ejemplo, un supuesto asalto a mano armada), su mejor aliado en Panamá será José Antonio Sossa, procurador general en los años 90, otro devoto de conceptos medievales sobre la calumnia y la injuria.

El exprocurador Sossa, para mi horror, me dijo, en 2001, que “el derecho al honor para mí es mucho más que si me agarraran con un cuchillo y me cortan”, y tuvo a bien agregar que el periodismo panameño estaba impulsado “por un sentido de mafia”. Bajo ese criterio, Panamá tuvo en esos años el más alto índice de periodistas encarando posible encarcelamiento de todos los países en el hemisferio. Las leyes panameñas “son una telaraña jurídica tejida para atrapar, inmovilizar y asfixiar la libertad de expresión”, denunció una delegación panameña de defensores del periodismo, en una audiencia, en 2005, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Eso fue uno de los puntos más bajos –postdictadura– de una lucha que ha sido larga y que aún no termina, a mi juicio. Tres años después, se logró que Panamá despenalizara la difamación cuando el afectado es un funcionario público de alto rango, pero fue alarmante que en 2010, el entonces procurador suplente Giuseppe Bonissi abogara por volverla a penalizar. Suerte que la idea no prosperó. Hubiera sido un retroceso para la libertad de expresión en Panamá, porque, como explicó Guido Rodríguez “a la época, los servidores públicos, por lo menos en democracia... están llamados a rendir cuentas por sus actos y a ser tolerantes frente a las críticas con relación al ejercicio de sus funciones”.

La CIDH, igualmente, ha puntualizado lo siguiente: “Las leyes de calumnias e injurias son, en muchas ocasiones, leyes que en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar, el discurso que se considera crítico de la administración pública”.

Bien, Panamá ha adoptado el concepto moderno sobre la supuesta difamación de servidores públicos, pero yo abogo por una posición más absolutista –que toda difamación debe manejarse por la vía civil. Esa ha sido mi posición desde mi primer día como columnista (incluso frente a ataques como cuando Guillermo Endara me tildó de “corrupta”, sin ofrecer sustentación alguna). Consecuente con esa posición, debo decir que me parece repudiable que Ernesto Pérez Balladares haya sido condenado penalmente por una supuesta difamación contra Alvin Weeden. Independientemente de todo lo demás que se pueda decir de Pérez Balladares y de la veracidad o no de lo que este escribió de Weeden, insisto en que este tema debe siempre manejarse en foro civil, no penal.

Panamá debiera continuar la reforma de su legislación sobre la materia. En los últimos 10 años hemos eliminado el castigo penal (¡esto se permitía sin juicio previo!) del “desacato” (insultar u ofender a funcionarios) y el castigo penal de calumnia e injuria contra altos funcionarios. Debiéramos tomar el próximo paso y despenalizar la difamación totalmente.

NOTA: Por el próximo año, a partir de marzo, mi columna aparecerá solo el ultimo domingo de cada mes. Esto se debe a que tengo algunos nuevos proyectos periodísticos entre manos, a los que quisiera dedicarle más tiempo.

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