PROBLEMA DE ARRASTRE

La crisis en la educación: Bertilo Mejía Ortega

La crisis de la educación nacional se agudizó con el advenimiento de la dictadura militar en 1968. La alteración de la vida pública en aquel momento tocó las entrañas del sistema educativo. Profesionales de la educación con formación sólida fueron declarados supernumerarios en la planta central del Ministerio de Educación (Meduca), la junta de personal, órgano representativo del gremio docente, fue disuelta para dar paso a nombramientos de “a dedo”, pero afectos a los nuevos gobernantes.

Cerraron la posibilidad de concursos por méritos y créditos académicos, así los docentes, directores y supervisores improvisados se apoderaron del sistema. Algunos líderes gremiales fueron enviados al exilio y otros, detenidos con destino a la cárcel. El temor se apoderaba de las bases ante la dureza del régimen cuyas secuelas eran visibles: muertes, desapariciones, exilios, detenciones y persecución implacable a través del DENI (G2) que, incluso, reclutó a noveles “educadores”.

La política del terror provocó una fuga de preceptores y, más temprano que tarde, devino una carencia de profesionales de la enseñanza. La respuesta del régimen fue nombrar bachilleres para llenar vacantes en las escuelas. A las zonas apartadas enviaron a egresados de tercer año y, por último, dispusieron el nombramiento de estudiantes de quinto año de la Normal Juan Demóstenes Arosemena.

A cargo de la cartera pusieron a un político interiorano que había perdido la elección para diputado. Transcurrido cierto tiempo, lo reemplazaron por uno que se acercó más a los llamados “grupos de avanzada” o “progresistas” que reemplazaban a los jubilados y a supernumerarios. A inicios de la década de 1970, con el silencio impuesto, sin garantías fundamentales, sin medios de comunicación independientes, sin partidos políticos y sin líderes gremiales, el gobierno militar (rémora de todo valor moral, libertario y democrático) optó por una reforma a la educación nacional.

El proyecto inconsulto y elaborado a espaldas de la población solo resultó plausible para los “revolucionarios” de nuevo cuño y, para su defensa y promoción, crearon un brazo gremial: el Frente Reformista de Educadores Panameños, beneficiarios de nombramientos en todos los niveles. Al unísono crearon, a nivel universitario, la escuela de formación básica general que pretendía graduar en dos años y medio a especialistas en dos y tres asignaturas. Un atentado contra la calidad de la enseñanza. Sin embargo, pocos aspirantes a la carrera docente ingresaron a esta modalidad.

La respuesta ciudadana ante estos llamados era de incertidumbre, la información sobre las “bondades” del proyecto educativo no era fluida, pero se sentían los efectos de la improvisación y la imposición. Esta circunstancia llevó al régimen cuartelario a crear varias escuelas normales (Chiriquí, Colón, Los Santos y Panamá) y, con la ayuda del Ifarhu, llamaron a los potenciales profesionales. El resultado fue un exceso de docentes y el consiguiente cierre de las normales. Para la educación media y la Universidad de Panamá (en manos de políticos afectos al régimen y sin concurso para el cargo), se inició la formación de profesores en cursos “intensivos” y “acelerados”. La mayoría de estos egresados, y no precisamente los mejores, fueron designados directores y supervisores de educación a “dedo”. A otros se les confirió el grado de docentes universitarios, tanto en la Universidad de Panamá, como en el Centro Regional de Chiriquí, hoy Universidad Autónoma. Esta situación se alargó hasta 1978, cuando la rendija del “veranillo democrático” permitió un mínimo de libertad de expresión, momento que aprovecharon los docentes, preocupados e inquietos por la situación, para denunciar y frenar una política educativa al estilo del régimen de los cuarteles. Ya en Perú, silenciado por la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado, había muerto un intento parecido, aupado por militares y civiles al servicio del régimen de facto. En nuestro país, la reforma de los militares y grupos “progresistas” fue frenada por educadores, médicos, profesionales de todas las ramas, obreros, padres de familia y estudiantes, el 9 de octubre de 1979, en un mensaje que los militares interpretaron en correcta dimensión. Hubo un entendimiento para que una comisión coordinadora de la educación nacional hiciera un estudio de viabilidad para un nuevo sistema, pero el camino no fue expedito.

La confrontación del gremio docente contra el Meduca no fue superada, pero los planes y programas de estudio se actualizaron en tal coyuntura. El aparato militar fue defenestrado en 1989 y, luego, ya en democracia los mandatarios no se han interesado por un sistema educativo que consulte las realidades del mundo actual. Ha habido períodos presidenciales hasta con cuatro ministros. Ahora, para vergüenza nacional e internacional, extitulares del ramo suben y bajan las escalinatas del Ministerio Público por escándalos que nunca debieron darse. La política partidista nunca aflojó la cartera y cada titular llega, con su librito, a hacer lo que mejor le parece.

En 1979 se rescató la junta de personal, para que los nombramientos respondieran a méritos profesionales, para revisar el sistema, mejorar el salario de los docentes y la comunicación con las autoridades, pero quedaron secuelas negativas que aún inciden en el ámbito educativo.

La formación de docentes es muy buena en la Escuela Normal, pero deficiente en las universidades. Salen bien informados, pero con carencias en materia de técnicas metodológicas, habilidades didácticas y hasta en ortografía. Muchos han sido rebasados por estudiantes que se sumergen en el mundo tecnológico de la época.

De todo lo dicho tenemos grandes y graves consecuencias. Adultos formados en una época sin práctica de valores morales, que repiten los que han ascendido al poder. Docentes inmersos en la chabacanería, la superficialidad y hasta exhibidores de escritura lesiva a la lengua de Cervantes.

Descuidados en todo sentido, a pesar de que están llamados a ser modelos desde las aulas y en las actividades comunitarias. Pero también los hay consagrados, autodidactas y conscientes de su sagrado deber de forjadores de nuevas generaciones. Son los que buscan la profesión por vocación, y no por frustración al no dar la talla en otras carreras.

A esta triste realidad hay que agregar la asinergia gubernamental en materia de infraestructura, la incapacidad de muchos administradores de escuelas y colegios, y la mezquindad presupuestaria que es el principal obstáculo en el rescate de la calidad de la enseñanza. Urge la creación de institutos pedagógicos al estilo de la escuela Normal de Santiago, convertir la Facultad de Ciencias de la Educación en un verdadero filtro para un perfil docente, efectivo y eficiente, y adecuar el aspecto curricular a los retos de la época.

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