PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD

¿Tienen la culpa los políticos?: Miguel A. Erroz G.

¿Por qué será que en nuestros países los dirigentes políticos fallan en hacer uso del poder coercitivo sobre los funcionarios para promover el bien común? Con frecuencia excesiva jueces, fiscales, ministros y otros funcionarios que corrompen o abusan de sus cargos, no sufren las sanciones que les corresponden. ¿A quién se culpa por estas deficiencias? A los políticos. Sin embargo, culparlos de las deficiencias del servicio público es buscar la fiebre en la manta.

Lo cierto es que los funcionarios saben qué se espera de ellos y que corren el riesgo de ser sancionados por sus jefes políticos si fracasan en satisfacer sus expectativas. Las sanciones son aplicadas por los políticos mediante el uso de herramientas que infunden el temor. Estas herramientas incluyen la capacidad de arbitrariamente eliminar un departamento, cortarle fondos para operar, destituir al funcionario e incluso retirar beneficios otorgados a sus familiares. Los funcionarios pueden ser, por lo tanto, coaccionados a favorecer los intereses personales y partidistas de los políticos.

Es innegable que coaccionar a los funcionarios para obtener beneficios personales y partidistas es totalmente inapropiado. Regresamos a la misma conclusión: Los políticos cargan la culpa por no usar su poder coercitivo sobre los funcionarios para el bien común. Sin embargo, en esta conclusión se pasa por alto que también los políticos son, a su vez, coaccionados.

En cualquier sistema político, alcanzar y conservar el dominio depende de la capacidad del dirigente político de mantener el apoyo de una coalición de contribuyentes, que incluye a personas adineradas, militantes del partido y politiqueros. Estos contribuyentes otorgan su patrocinio a quien esté dispuesto a proveerles beneficios. Es decir, que para obtener y conservar el poder, los dirigentes políticos deben emplear todas las herramientas a su disposición para tratar de cumplir con las expectativas de sus contribuyentes.

En países donde el sistema les otorga a los políticos las herramientas para coaccionar a los funcionarios, esto a su vez, como piezas de un engranaje, presiona a los políticos a utilizarlos como instrumentos para producir favores que apacigüen a sus contribuyentes. De no hacerlo, arriesgan que sus contribuyentes se cambien a un grupo rival mejor dispuesto a complacer.

Obviamente, si la meta fuese justicia, los políticos no deberían coaccionar a los funcionarios; pero los contribuyentes son conscientes de que si se les otorga libertad para actuar con imparcialidad, las decisiones imparciales de los funcionarios a menudo traerían resultados que van en contra de sus intereses económicos inmediatos. Al tomar en cuenta esta realidad, es difícil imaginar que un político esté dispuesto a renunciar al uso de herramientas de coacción; o que un candidato, de quererlo, podría competir exitosamente contra un adversario que no considere prudente para sus intereses electorales renunciar a dichas herramientas. Bajo este sistema, en la medida en que los intereses privados de los contribuyentes estén en conflicto con el bien común, a los dirigentes políticos les será políticamente inconveniente respaldar la imparcialidad de los funcionarios.

Una consecuencia es que las promesas políticas de defender el bien común pierden credibilidad. En contraste, las promesas de distribuir “favores” ganan credibilidad. Es por esto que aquellos con la necesidad de velar por sus derechos o de proteger su quehacer contra la inescapable injusticia gubernamental, solo podrán salvaguardarlos si patrocinan, en el plano electoral, a algún candidato del cual esperan poder obtener favores. Resultado: Las agrupaciones políticas se forjan como máquinas clientelistas y sus candidatos y dirigentes lo reflejan.

El actual sistema, compuesto por constituciones que le adjudican a los dirigentes políticos herramientas con las cuales coaccionar a los funcionarios, afecta a toda la sociedad: El funcionario puede ser coaccionado a participar en esquemas corruptos que apoyan a sus jefes políticos; el dirigente político debe estar dispuesto a administrar el Estado como una organización en beneficio de sus contribuyentes; y a menudo los ciudadanos, sin una alternativa práctica para proteger su quehacer, deben asociarse con políticos inescrupulosos y sus coagentes.

Bajo tal realidad, no derivan del proceder inmoral el interés de proteger, de un sistema injusto, los derechos y el bienestar personal. Esto explica que haya tantos ciudadanos que adoptan comportamientos como el clientelismo que violan ciertos valores. La mayoría simplemente está pensando en su legítimo derecho de abrir un negocio o de proteger su puesto de trabajo, familia, etc.

Es cierto que toda persona conserva la capacidad de elegir entre el comportamiento íntegro o el corrupto. Pero ambos comportamientos pueden ser reforzados; además, el sistema actual premia el comportamiento corrupto y sanciona el íntegro. Analizados los hechos, se puede afirmar que el tener tantos políticos y funcionarios que actúan corruptamente en Latinoamérica es un síntoma, y la actual estructura organizacional de los gobiernos es la causa principal. Reconocer que la raíz de la corrupción endémica es el sistema que le da vida al clientelismo y no los individuos involucrados, es vital para remediarlo.

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