SOCIEDAD

La cultura del abuso: Carlos Guevara Mann

La cultura del abuso: Carlos Guevara Mann La cultura del abuso: Carlos Guevara Mann
La cultura del abuso: Carlos Guevara Mann

Impera en Panamá la cultura del abuso. Normalmente, abordamos en los medios atropellos provenientes del sector público, cuyos funcionarios oprimen al resto de la población a través de la adopción y aplicación de leyes insensatas; de la creación y exacción de impuestos, tasas, contribuciones y coimas; de los excesos de jueces, fiscales y autoridades de policía; de las decisiones antojadizas e ilegales de empleados de nivel alto, medio y bajo; del uso de la violencia por parte de los organismos de seguridad (Policía Nacional, Senan, Senafront), que operan con insolencia castrense en un Estado cuya Constitución (letra muerta) dice: “La República de Panamá no tendrá ejército” (Art. 310).

Menos frecuentemente se aborda en los periódicos los excesos del sector privado. Este abuso también menoscaba la calidad de vida: complica innecesariamente la existencia de los ciudadanos, pone obstáculos al desarrollo personal y dificulta el libre ejercicio de la individualidad.

Diariamente, los proveedores de servicios básicos (electricidad, telefonía), financieros, educativos y legales; los surtidores de bienes de consumo; y, en general, tanto empresas como profesionales y abastecedores independientes explotan al usuario, algunas veces por inconsciencia, muchas otras por el afán desmedido de lucro y la codicia que los motiva a ganarse hasta el último centavo sin consideración alguna por los impactos de sus actividades.

Ejemplo: una experiencia con la renovación de la licencia de conducir. Según el Servicio de Tránsito Centroamericano (Sertracen), empresa privada que obtuvo la concesión para procesar las licencias, el tiempo promedio para el trámite es de 30 minutos.

Pero el 28 de enero, la diligencia tomó 75 minutos, de los cuales, según la empresa, 20 son atribuibles a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la cual realiza directamente el cobro de las tasas y multas y cuyo personal, por cierto, atiende con la malacrianza y desidia características del empleado público panameño.

La demora no fue, sin embargo, la vivencia más desagradable en Sertracen de Albrook (donde ni siquiera hay estacionamientos adecuados), sino la patanería del encargado de las pruebas auditivas. Su trato altanero y déspota llamó la atención inmediatamente.

Maltrató a un usuario de edad avanzada por su falta de pericia en el uso del computador. Además, increpó con grosería a quien sin mala intención –y sin ninguna consecuencia para el trámite– cometió la osadía de iniciar la prueba sin que él hubiese dado “la orden”. Cuando le indiqué que su comportamiento era incorrecto –que no le corresponde dar “órdenes”, sino orientaciones civilizadas y respetuosas– reaccionó con repelencia y chabacanería.

Del incidente pueden extraerse algunas conclusiones. La cultura del abuso está firmemente arraigada en Panamá; a ella se asimilan viejas y nuevas generaciones sin mayor distinción. Los rasgos principales de esa cultura son la ramplonería, el abuso y el “juega vivo”. No se reconoce en el otro (u otra) a un conciudadano, sino a un individuo que puede ser avasallado y explotado para obtener provecho personal.

Poco o nulo es el esfuerzo que se hace para formar adecuadamente al recurso humano. Como no importa maltratar a la ciudadanía, porque todo el mundo lo hace y el panameño, aparentemente, se lo aguanta, la formación del personal es un renglón del presupuesto corporativo que muchas veces se reduce a una expresión meramente simbólica.

Sertracen afirma que “la constante capacitación de recursos humanos” es uno de los objetivos permanentes de la empresa (http://www.sertracen.net/acerca). Evidentemente, no es así.

¿Qué otros compromisos incumple esta concesionaria del Estado? ¿Quién fiscaliza su cumplimiento? ¿Cuánto se gana la compañía a punta del maltrato al usuario? ¿Cómo obtuvo su contrato para prestar un servicio que el Estado debería poder ofrecer sin mayores complicaciones?

Estas y otras preguntas deben ser exploradas en auditorías serias por parte de los organismos estatales correspondientes (Autoridad de Tránsito, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional), cuyos resultados deben ser ampliamente divulgados y servir para la toma de decisiones al respecto del curioso contrato que el gobierno de Martín Torrijos (PRD) le otorgó en 2007 a Sertracen. Deben revisarse este y otros llamativos arreglos, como el que el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (PRD) acordó en 1997 con Panamá Ports Company, la cual en 18 años solo ha pagado un millón de dólares en dividendos al Estado panameño (En Mayúscula, 20 de enero).

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