DERECHOS POSESORIOS

En defensa de la titulación legal: Surse Pierpoint

El otorgamiento del título gratuito en un terreno en el área de Paitilla es un hecho escandaloso y lamentable que se ha dado, no porque la ley que lo sustenta esté incorrecta, sino porque dicha ley se ha utilizado para violar su propio espíritu e intención.

Lo más lamentable es que esta acción puede resultar en la paralización del programa de titulación de tierras que se viene llevando a cabo desde hace varias décadas, proporcionando beneficios y activos tangibles a miles de panameños.

La Ley 80 de 2009, marco legal que fundamenta la titulación del terreno en discusión, dice: “La Nación reconoce la posesión de una persona natural o jurídica que demuestre haber ejercido el dominio material con ánimo de dueño, de una manera pacífica e ininterrumpida, por un período mayor de cinco años...”.

El actual dueño del terreno afectado no puede demostrar que esa posesión ha sido pacífica e ininterrumpida, por el contrario, en los medios de comunicación he escuchado a funcionarios que participaron en diferentes ocasiones en el desalojo de dicho terreno. Además, bajo el amparo de la Constitución Política, el terreno es una zona de dominio público que fue creada como un relleno y no puede ser propiedad privada, una razón adicional que muestra que no se pudo haber tenido un derecho posesorio sobre ese terreno.

El Estado, desde hace varias décadas, reconoce los derechos posesorios de quienes ocupan las tierras, así como sus derechos a enajenarlos, mediante una venta o herencia. El dueño de un derecho posesorio tiene “derecho” de pedir su titulación a la Dirección Nacional de Reforma Agraria o la Dirección Nacional de Catastro, dependiendo si se trata de tierras rurales o de terrenos en islas y costas, respectivamente.

Desde el año 1962, el Código Agrario reconoció la posesión de las tierras rurales y el proceso de titulación ha sido lento, pero transparente. A la fecha se ha logrado titular casi 200 mil predios de personas de escasos recursos en su mayoría.

El trámite de titulación puede demorar, en promedio, de tres a cinco años a un costo de 6 dólares por hectárea, cifra que no ha podido ser pagada por la tercera parte de los que tienen derechos posesorios. Si la solicitud de titulación excede las 200 hectáreas, el precio sube. Esta ley no hace distinción por “tipos de panameños”, se titula a pobres, clase media, ricos, campesinos, profesionales y políticos, blancos y negros, lo único que importa es que el solicitante tenga el dominio físico de la tierra por el período que especifica la ley.

En el caso de la titulación en islas y costas, no hay logros para resaltar. En el período comprendido entre 1999 y 2010 la Dirección Nacional de Catastro y Bienes Patrimoniales (en aquel entonces una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas) otorgó menos de 12 títulos teniendo más de 10 mil solicitudes por atender y más de 30 mil predios por titular, en su mayoría de panameños necesitados.

Desde principios de 2010, hemos tenido seis leyes diferentes para regular el mismo tema: la titulación en islas y costas. La razón del fracaso de estas leyes radica en que muchos funcionarios no aceptan que la tierra le pertenece al que la ocupa y no al Estado e insisten en cobrar por el título. Mientras no se reconozcan plenamente los derechos posesorios, no tendremos un proceso de titulación adecuado a las necesidades de nuestro país y no se resolverán los problemas de pobreza que actualmente enfrentamos.

En Panamá la mayoría de los ciudadanos tiene dificultades para registrar o titular sus predios. Esa falta de registro afecta el 40% de los predios urbanos y el 60% de la superficie rural que no tienen títulos de propiedad registrados, creando una inseguridad jurídica inaceptable para la integración del pobre a la economía de mercado. Según datos del Registro Público de Panamá, hay un poco más de 540 mil títulos de propiedad a nivel nacional de un total de 967 mil 614 predios, lo que indica que falta por titular aproximadamente el 44% del país. De los más de 400 mil derechos posesorios, el 90% está en manos de personas humildes.

Si los acontecimientos alrededor del terreno de Paitilla traen consigo cambios en las leyes, ya sea para derogar la Anati, para aumentar los trámites y controles triples, duplicar procesos y hacer más costoso el trámite de titulación, el resultado será que las esperanzas de titular de las personas humildes quedarán en eso, en esperanzas y como reza el dicho, “pagarán justos por pecadores”. No es justo que personas con derechos posesorios legítimamente adquiridos tengan que pagar por el pecado de Paitilla.

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