CONTRAPESOS

Cuando el demonio se toma el poder: Rubén Darío Paredes R.

No cabe dudas, aquel que decidió decapitar de manera salvaje a Hugo Spadafora, y luego conservar su cabeza como un trofeo, ya no era el “comandante” Noriega, el ser humano, sino un demonio que hizo metástasis y secuestró a los mandos de la cúpula militar y a su círculo de privilegiados civiles.

Estas fieras de ese demonio con rango, pero sin jerarquía, se vieron orilladas ante el abismo de su destrucción final, bajo la conducción despiadada de ese ser desesperado y enloquecido. Aquel que, disfrazado de general y machete en mano, amenazara desde cada podio, tribuna y cámara que a su paso tropezara –como a todos consta– se fugó por el trillo del deshonor, abandonando a sus leales, durante el bombardeo del ejército más poderoso del mundo.

Aprendí en la escuela, en la academia militar y en lecturas de pasajes de la Biblia, que el demonio es ladino y cobarde, por consiguiente, solo pelea cuando está en ventaja. ¡He allí a Satán!

No sé cómo pueden conciliar el sueño y apaciguar sus conciencias los civiles y militares que avalaron, con la proclama ¡Ni un paso atrás!, aquella carnicería humana contra los 11 oficiales que fueron torturados cuando ya estaban sometidos e indefensos, y luego, ya sin fuerzas, arrastrados hasta el patíbulo. El escenario posterior fue dantesco: penetrante olor a pólvora quemada, a orinas, a heces y a sangre tibia que se coagulaba en los cuerpos inermes. Después, sin el mínimo gesto de misericordia ni piedad para con sus deudos, les mandaron a decir que fueran a la morgue a ver lo que quedaba de sus seres queridos, destrozados por la descargas de la fusilería.

Ese día emergió Satanás de las profundidades y convirtió a Panamá en un infierno.

Transcurridos 26 años de aquella tragedia, tiempo en el que Noriega también ha estado preso en Estados Unidos, Francia y Panamá, algunos se preguntan ¿por qué no otorgarle casa por cárcel? La respuesta es sencilla: se debe aplicar la ley, sin privilegios. En mi concepto, las medidas cautelares que benefician a varios delincuentes de cuello blanco que le hurtaron millones de dólares al Programa de Ayuda Nacional fueron una invitación a la violencia de los institutores enmascarados.

Seamos conscientes, si Noriega hubiese sido procesado en otras latitudes habría sido juzgado por crimen de lesa humanidad y quizás hubiese sido condenado a la pena capital. Sin embargo, él disfruta de acceso a internet y de visitas especiales, incluido su médico; lo alumbra el sol y escucha el trinar de las aves cada día. Mientras que esos 11 subalternos asesinados no vieron crecer a sus hijos.

Valga el caso de Noriega para llamar a la reflexión a la clase política y a los uniformados que transitan como jefes de organizaciones policiales, sobre todo, aquellos con aspiraciones presidenciales, entre los que subyace y aflora la tendencia arraigada de crear organizaciones armadas o costosísimos ejércitos de bolsillo, como soporte y seguridad a su gestión presidencial. Esto ha demostrado ser un despilfarro estéril de los ahorros de todos. Error en el que incurrió flagrantemente la administración Martinelli-Mulino, que persiste y sigue pendiente de corrección.

Es importante que todos los hijos de la patria nos pongamos de acuerdo para perfeccionar la democracia, mediante una nueva Constitución que realmente desconcentre el poder y le ponga contrapesos.

Los civiles y militares que vivimos el período del general Omar Torrijos, productivo por los logros sociales y, sobre todo, por la consolidación de nuestra soberanía y la nacionalización del Canal, también experimentamos la decadencia y el derrumbe del proceso: abusos, desaparecidos, exilios forzosos y la casta de privilegiados. Todo ello debido al excesivo poder concentrado en unos pocos, que se dejaron llevar por la codicia, en una carrera desenfrenada con la meta del enriquecimiento ilícito.

Considero mi deber de ciudadano y patriota (sin hacer críticas políticas ni perjudicar a nadie en particular) transferir estas experiencias para que no se repitan los errores del pasado. Sobre todo, porque hoy percibo una remilitarización no intencionada, que más bien responde a la ausencia de debidos frenos y contrapesos constitucionales.

Estoy seguro de que tanto el presidente Juan Carlos Varela, como los políticos sensatos –hoy mayoría– recibirán estas letras de buena manera. En esa línea de pensamiento, admiro sobremanera a mi respetable rival político Ricardo Arias Calderón, uno de los pocos estadistas clásicos que tenemos y quien sugirió reformar e incluir en la Constitución el Art. 310, sobre la separación de escalafones y mandos de los componentes o ramas de la fuerza pública, para evitar la concentración de excesiva de fuerza y poder de fuego. Ahora vemos que en la práctica, ese balance de poder se debilita progresivamente y ya es hora de hacer los correctivos.

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