LÍMITES

El problema de los derechos: Luis Antonio Pereira Sánchez

Vivimos en una sociedad saturada de normas, muchas de las cuales no se cumplen. Esta situación ha llevado a una crítica contra el papel del derecho, a tal punto que ha resurgido un debate que expone un problema fundamental: ¿Qué es un derecho? Ante los numerosos y diversos derechos reconocidos, no existe una respuesta satisfactoria.

Esta carencia parece demostrar una seria inconsistencia, que algunos pretenden señalar en la falta de relación con los principios del liberalismo clásico: la libertad individual y la propiedad privada. Sin embargo, esta es una visión inadecuada del problema, ya que proporciona una explicación sumamente abstracta y desprovista del necesario contexto histórico.

Cierto es que el derecho de libertad personal y propiedad son las bases fundamentales de cualquier sistema jurídico, sin embargo, la consideración de estos como los únicos “verdaderos” llega a desconocer que, incluso, estos derechos en algún tiempo no fueron tan evidentes. Precisamente, en un momento histórico fue necesario que los nobles, exigieran al rey Juan, de Inglaterra, la firma de la Carta Magna de 1215 en la que lo obligaban a reconocer el derecho a la libertad corporal (hábeas corpus) y el debido proceso, entre otros. Esta reivindicación seguiría ampliándose con documentos como el Petition of Rights, Bill of Rights, entre otras.

Sin embargo, es de llamar la atención que estos derechos de libertad y propiedad surgieran aun antes del establecimiento de los Estados constitucionales de derecho del siglo XVIII, es decir, previo al surgimiento de las democracias modernas, lo que demuestra el problema, porque estos derechos eran los únicos relevantes a un proyecto concreto de Estado, el Estado liberal clásico, cuyos miembros pertenecían a la burguesía propietaria, y que, a pesar de la proclama liberal de igualdad, solo aplicó al grupo que detentó el poder. La muestra más evidente era que las mujeres estaban excluidas de la participación política y, aun con el establecimiento de las democracias modernas, tendrían que esperar hasta finales del siglo XIX y principios del XX para votar, es decir, para ejercer su derecho al sufragio.

Finalmente, con el surgimiento de las democracias modernas y el sufragio universal, como manifestación del principio de igualdad jurídica, se da una transformación de la naturaleza de los derechos. El proyecto liberal clásico queda cuestionado ante los intereses de los nuevos grupos representados políticamente en el Estado, es decir, las masas populares y los grupos previamente excluidos.

Esta tensión lleva al surgimiento de nuevos derechos, por ejemplo, al libre culto religioso (originalmente, los grupos de poder compartían una religión común), al secreto en el voto (para evitar coacciones en la libertad de elegir), a la huelga de los trabajadores (que inicialmente era un delito), e incluso, al divorcio (que no era permitido ante el carácter “eterno” del vínculo matrimonial), derechos que, aun cuando parecían una conclusión evidente del principio de libertad, tuvieron que ser exigidos por los ciudadanos para su reconocimiento expreso, lo que no le quita su carácter de “verdadero” derecho.

Esta evolución ha llevado al surgimiento del paradigma del Estado social de derecho. El rasgo esencial de este es una mayor equidad entre los miembros tan distintos que la integran, a fin de garantizar la cohesión social, evitando la lucha de clases.

Dicho esto, los “nuevos” derechos tendrán un tinte marcadamente económico, lo que rompe con la visión clásica del derecho, más aún, cuando involucran una acción (a diferencia de los clásicos que involucran un no hacer) que, esencialmente, se pone en cabeza del Estado, precisamente, ante la insatisfactoria provisión de dichas condiciones por parte del mercado y los agentes privados.

Ciertamente, el problema de estos derechos es que su creación desmesurada se traduce en un derroche de dinero que afecta a largo plazo la propia convivencia en el Estado (como se ve hoy en los países de la Unión Europea). Sin embargo, tal derroche puede surgir porque quienes los proponen parecen más ideólogos comunistas, que no han comprendido bien que estos derechos no buscan la igualdad, sino una mayor equidad, garantizando un mínimo de condiciones, que será lo que debe identificarse con una existencia digna. Con esto lo que quiero enfatizar, es que estos derechos, tal como los clásicos de libertad y propiedad, no son absolutos y tienen límites.

Por lo cual, sí me parece conveniente que antes de debatir nuevos derechos sociales y económicos, se parta por señalar claramente cuáles serán sus limites, cuestión sobre la que ya se han elaborado algunas respuestas concretas (lo que ya es otro tema). La discusión resulta propicia considerando que la comisión de reformas a la Constitución, ha propuesto que el carácter de Estado social se asigne a Panamá (Art. 1) y que todos los “derechos consagrados en la Constitución” –incluyendo a la vivienda (100), al trabajo (102), a la educación universitaria (161) la salud (166) y la provisión universal de agua potable (167, No.4)– “son ejercitables y exigibles de forma directa y su eficacia no está condicionada al desarrollo legislativo de sus alcances o limitaciones” (Art. 33), resultado de la copia de problemáticos paradigmas ajenos, concretamente, de la Constitución de Colombia de 1991 y carente de la cohesión y coherencia sistemática que caracteriza un adecuado texto constitucional.

Así, sin desatender las legítimas exigencias de la sociedad y sin caer en utopías, es necesario construir derechos eficaces.

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