ODIOSAS COMPARACIONES

El despropósito de las leyes: Dicky Reynolds

Hubo toda una parafernalia mediática sospechosa, quizás con el afán de ganar credibilidad pública, cuando se dio la divulgación de la captura de funcionarios de la judicatura a quienes, entre otras acusaciones, se les señalaba de conformar un grupo dedicado a retardar notificaciones, influenciar jurados de conciencia, filtraciones de fallos, etc.

Todo parecía un asunto de ribetes macros y que se profundizaría en las investigaciones de esos hechos, denunciados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Inmerso en la defensa forense de algunos de los encartados, a la que tienen derecho, observamos que sobre ellos ha recaído todo el rigor por su comportamiento, supuestamente ilícito, pero que no deja de ser un capítulo más de este libro de corrupciones que, a la luz de la legislación penal panameña, por lo de la sanción, se le puede aplicar una medida sustitutiva de la detención preventiva que le fuere negada y, en su defecto, una fianza de excarcelación que prevé la ley para estas conductas.

Basado en un criterio de discrecionalidad, se fijó en un rango de entre $25 mil y $50 mil para los componentes de la encuesta penal, monto exorbitante para un grupo de funcionarios (asistentes, notificadores y conductores). Estos ni siquiera calificaban como sujetos de mandato y jurisdicción para ejecutar las conductas investigadas.

Otros individuos han sido señalados con conductas criminales de mayor afectación social, política y jurídica y se han visto beneficiados con libertades cauteladas. Sin entrar en discusiones morales de lo correcto o incorrecto de los conductas, lo que incomoda es el rigor aplicado a los supuestos artífices de esta corrupción, que puede ser etiquetada como artesanal, con el argumento de dura lex sed lex y que sirva como nefasto acicate ejemplarizante para los que conforman las estructuras de la administración de justicia.

¿Dónde quedó el caso del magistrado que usurpó una función para la que, según las investigaciones, no tenía idoneidad, mucho menos investidura para ello? ¿O de aquel señalado de amenazar a los jurados de conciencia para que produjeran sentencias condenatorias en las audiencias que les tocaba presidir o aquellos señalados por recibir estipendios o dádivas por la supuesta ventas de fallos?

Estas acusaciones se enrostraron en refriegas internas que dieron un abortado encausamiento ante la Asamblea Nacional. Este ensañamiento legal contradice la guarda del cumplimiento cabal de las normas y su correcta aplicación, para lo que ha sido designada la CSJ, en sus funciones como administrador de justicia.

Para otros existe un celo milimétrico y conveniente en cuanto a que no se conculquen derechos. Pareciera ser que estamos ante un claro asunto de inequidad legal, que desdice el principio de igualdad.

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