GOBERNABILIDAD

¡No hay diálogo posible!: Franklin Castrellón

La incapacidad del Gobierno para dialogar con organizaciones opuestas a sus iniciativas y llegar a acuerdos confiables, me trajo a la memoria un artículo de Jean Paul Sartre publicado en la década de 1970, a propósito de una invitación que le hiciera la Universidad de Cornell, en Nueva York, para dictar una conferencia sobre la guerra de Vietnam.

Bajo el título ¡No hay diálogo posible!, Sartre –famoso entre muchas otras cosas por haber rechazado el Premio Nobel de Literatura que le confirió en 1964 la Academia Sueca– rechazó la invitación, luego de haberla aceptado, en virtud de que el gobierno de Lyndon Johnson decretó un bombardeo masivo contra Vietnam del Norte.

Sartre, filósofo, escritor, dramaturgo, y firme propulsor de la corriente existencialista que plantea que la naturaleza humana no es la que define al individuo sino sus actos, estimó que su conferencia en Cornell había perdido sentido habida cuenta de que la política del Gobierno de EU estaba muy distante de buscar la paz vía el diálogo. Y si acaso hubiese disposición a negociar, en realidad sería conforme a la capitulación. De allí, sostenía, el propósito del bombardeo masivo. Es aquí en donde veo cierta analogía con la conducta del Gobierno panameño en cada uno de sus diferendos con la sociedad civil, el sector empresarial, las organizaciones de periodistas y los indígenas.

Como en el caso de Vietnam, nuestro gobierno está dispuesto a negociar solo cuando se siente forzado por las circunstancias. Incluso, desde antes de llegar al poder, el presidente Martinelli demostró que el “diálogo” era bueno para lograr un fin (la Presidencia). Alcanzado este objetivo, olvidó la palabra empeñada en el diálogo que llevó al compromiso con su exaliado político (el panameñismo), y los desechó para dar espacio a tránsfugas salidos de otros partidos en busca de acceso al presupuesto estatal.

Durante ese período, también demostró interés en el “diálogo” con la sociedad civil, las organizaciones empresariales, cívicas y sindicales. Ello para lograr su respaldo político a cambio de venderles un atractivo plan de gobierno “por el verdadero cambio” que –a todas luces– nunca pensó cumplir. Al menos en sus componentes dirigidos a fortalecer la democracia, combatir la corrupción, enderezar la justicia, rechazar la Sala Quinta y hacer un gobierno transparente.

En el tema de la minería, en el que la experiencia de otros países aconseja extrema prudencia, pues en muchas regiones del mundo se han saqueado sus riquezas minerales, quedando el medio ambiente destruido y las comunidades más empobrecidas, el Gobierno pareciera tener una agenda dirigida a imponerlo. No ha hecho un estudio a fondo del costo-beneficio de la minería, mirando solo las regalías que esa actividad generaría al fisco.

En materia de transparencia y derecho a la información pública, el Gobierno parece decidido a mantener la política de opacidad en la gestión pública, uno de los grandes aliados de la corrupción. Apenas asumió el poder, este Gobierno exoneró del proceso de licitación a varios ministerios y entidades, con el resultado de que los sobrecostos han manchado muchos de los contratos otorgados por vía directa. Eso podría explicar las donaciones que reciben muchos ciudadanos en actos políticos patrocinados por el partido gobernante.

Lejos de aclarar los escándalos y de investigar a sus protagonistas, la respuesta ha sido la de realizar una costosa campaña publicitaria sobre los logros materiales en la gestión pública. Campaña en la que el Presidente censura a los medios, porque estos no destacan sus logros... como si la función de los periodistas fuese ser instrumentos de relaciones públicas del gobierno.

Y cuando los escándalos amenazan con hacer crisis, entonces se propone el diálogo. Así ocurrió el 14 de mayo de 2011 cuando, ante la ola de denuncias por los escándalos de los lotes de Paitilla, Juan Hombrón y contratos de dudosa factura, el presidente Martinelli invitó a un diálogo nacional sobre la libertad de expresión y propuso la mediación del arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa.

La intención quedó clara en el comunicado oficial (www.presidencia.com.pa), cuando preguntaba, “¿cuáles son los alcances y cuáles son los límites del ejercicio de la libertad de expresión?”. Los dirigentes de las organizaciones periodísticas, dispuestos a dialogar sobre el tema, subrayaron que de ninguna forma ello comprometería la libertad de expresión. Y cuando el arzobispo endosó la posición de los periodistas, apuntando que esa libertad debía ejercerse con respeto y responsabilidad, el diálogo terminó antes de comenzar.

Los lamentables sucesos ocurridos entre el 28 de junio y el 4 de julio de 2010 en Changuinola, y a principios de febrero de 2012 en Chiriquí, reflejan la incapacidad de las autoridades de respetar los acuerdos surgidos de los diálogos propiciados por el propio Gobierno. Pareciera que estos son convocados con una agenda oculta, que se implementa una vez sofocados los ánimos. Aunque se cumple parte de lo acordado, las protestas recurren una vez el Gobierno revive el tema que las originó. Si las autoridades persisten en esta actitud, sencillamente, “¡no habrá diálogo posible!”.

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