PERSECUCIÓN

El costo de disentir en la UP: Vicente Archibold Blake

Las instituciones universitarias son por esencia pluralistas y espacios de libertad académica y de libre pensamiento. La acepción etimológica de la palabra “universidad” (del latín universitas) es “todo”, “entero”, “universal”.

En el caso de la Universidad de Panamá (UP), su normatividad hace hincapié en la libertad de cátedra y de investigación de los académicos; la libertad de expresión y asociación de sus diversos estamentos (profesores, estudiantes y administrativos); y el papel de “conciencia crítica de la Nación” que debe jugar esta institución de educación superior.

Sin embargo, la concentración de poder en las máximas autoridades universitarias ha trastocado este “espíritu universitario”, afectando sensiblemente el funcionamiento de la Casa de Méndez Pereira, al punto de que el costo de disentir o, simplemente, de expresar puntos de vista distintos ha valido represalias de diverso signo a quienes hemos “osado” hacerlo al seno de la institución. Veamos ejemplos:

La destitución, traslados o desmejoramiento en sus condiciones laborales, de funcionarios universitarios que no favorecieron con el voto a autoridades electas.

Represalias contra docentes que no acuerparon electoralmente a las autoridades electas, llámese no renovación de contrato, disminución significativa de horas de clase, asignación de horarios en turnos “difíciles” o en “programas anexos”, no reconocimiento de la continuidad de los tiempos completos.

No reconocimiento de otras asociaciones de administrativos con personería jurídica; o de nuevas juntas directivas de gremios docentes, que no son afines políticamente a la administración de turno. No pago de derechos adquiridos a los funcionarios universitarios que son “enemigos de la administración”, como vacaciones, etapas, ajustes salariales, bonificaciones a docentes de 75 años, salarios trabajados a funcionarios destituidos, etc. Nulo presupuesto a las unidades académicas o administrativas cuyos decanos o directores no fueron los candidatos “oficiales”, o que discrepan u opinan de manera diversa, o son objeto de la animadversión de las autoridades.

No acceso a los medios de comunicación universitarios a quienes adversan u opinan distinto o son adversarios políticos. Apertura de procesos disciplinarios a enemigos políticos de las autoridades.

Sanción de expulsión o suspensión a estudiantes que protestan en las calles, al menos que la dirigencia se humille y pida “perdón” a las autoridades.

Desaparición de expedientes, documentos o calificaciones de universitarios que son objeto de las “facturas políticas” poselectorales.

Tratamiento discriminatorio a quienes tienen posturas contestatarias a las autoridades y que van desde su anulación académica (no invitarlo a actividades, no prestarle salones o auditorios para realizar eventos, no darle la palabra en asambleas u órganos de gobierno, etc.), hasta el irrespeto personal.

Como asesor legal de la UP fui destituido el 15 de marzo pasado, por el pecado de solicitar información acerca del nombramiento irregular como profesor titular del director de Servicios Administrativos. Últimamente he sido objeto de varios anónimos difamatorios, así como de amenazas a mi vida en alguno de esos anónimos: este ha sido el precio de disentir en la UP.

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