IRREGULARIDADES

Las ejecutorias de un gobierno S.A.: José Montano

Desde el inicio de su mandato, Ricardo Martinelli, el presidente de Cambio Democrático, anunció que el suyo sería un gobierno de empresarios. Descalificó a los políticos, como había hecho en su campaña electoral antisistema, pero puso en práctica su cuestionable conducta en el quehacer empresarial.

Eran conocidos sus abusos, como máximo ejecutivo de una veintena de empresas de los rubros más variados, sobre todo en su obra emblemática: la cadena de tiendas de alimentos al por menor.

En lo que toca al Estado, a la falta de cautela y prudencia en el manejo de las finanzas públicas y en el ahorro nacional, se suma el desequilibrio entre el aumento de la planilla estatal, las obras de infraestructura y la escasa inversión en servicios sociales.

Es que las “megarrebuscas” están en los contratos de infraestructuras, de los cuales 3 mil millones de dólares no han pasado el rigor de las licitaciones públicas, y no en las obras que contribuyen a atacar la pobreza y la falta de empleos de calidad. Solo en la compra de los corredores Norte y Sur hay un sobrecosto de 500 millones de dólares.

En el gobierno del empresario Martinelli la compra de conciencias se ha convertido en una práctica que no solo estimula el transfuguismo, sino que degrada la política. Pero, también, todo está en venta y los contratos se entregan sin licitación pública, a las empresas favoritas, entre otras Odebrecht, FCC, ICA, MCM, Conalvías y Meco.

La gestión del empresario Martinelli solo es aprobada por 3 de cada 10 panameños y menos de 2, de cada 10, considera que no existe transparencia en sus acciones.

Una buena práctica empresarial no tendría al país este año con un exorbitante déficit fiscal de 850 millones de dólares, ni estaría comprometiendo a futuras administraciones con un endeudamiento que podría incrementarse en 8 mil 500 millones de dólares hacia 2014, sumados a los 10 mil 500 millones de dólares con que lo recibió en 2009.

Si en 2011 se destinaron 2 mil 150 millones de dólares para amortizar el capital y los intereses de la deuda pública, resulta alarmante imaginar lo que se pagará anualmente, cuando el empresario Martinelli deje el poder.

Pero, además, con una voracidad que no conoce límites, pretende vender las acciones que el Estado posee en las empresas mixtas de telefonía, energía y puertos, y que representan unos 2 mil 100 millones de dólares. También quiere echar mano del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), calculado en mil 300 millones de dólares.

La trampa del proyecto de ley de la asociación público privada y la creación de un fondo soberano, con los excedentes de ingresos del Canal y el FFD, no son más que estratagemas para obtener ventajas de los negocios del Estado y contar con recursos para su campaña clientelar con miras al año 2014.

El comportamiento de Martinelli, al insistir que el suyo es un gobierno empresarial, pone al descubierto que manda como si el país fuera una extensión de sus empresas. Por eso su afán de meterse en cuanto negocio represente dinero, aunque al hacerlo acumule una larga lista de actos de corrupción.

Lejos de las arbitrariedades y el manejo irresponsable de las finanzas del Estado, la ciudadanía demanda que el empresario Martinelli le devuelva la honestidad, la transparencia y la armonía al país.

Esa es la mayor empresa que puede acometer un gobierno que respeta a sus ciudadanos y no se burla permanentemente de su inteligencia.

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