EL MALCONTENTO

El enemigo público número uno: Paco Gómez Nadal

Nunca se ha definido muy bien qué era eso de enemigo público. Nos quedó el latiguillo de las películas gringas y de los carteles que pedían recompensa para capturar a alguien del que solo sabíamos que, si la autoridad fotocopiaba su rostro es que, algo malísimo debía haber hecho.

No figuran en las listas de enemigos públicos los malversadores de fondos públicos ni los corruptos ni los que venden el territorio de un pueblo para hacer negocio privado ni los que mienten en tribuna pública ni los que dan órdenes para que se desate la violencia desde mullidos sillones de oficina. Parece lógico que así sea, porque esos son los que ordenan que se impriman los carteles de captura y deciden quién es enemigo y quién no. Se les olvida decir que, muchas veces, en el fólder del sospechoso enemigo público se ocultan verdades que hacen temblar negociados, realidades de exclusión o abuso que explican –aunque no justifiquen– determinados brotes de ira o de agresividad contra los otros.

A mí, personalmente, desde el inicio de este (des) gobierno de los empresarios, me ha parecido que José Raúl Mulino es uno de los enemigos públicos más destacados. En un Estado de derecho, algo que Panamá no conoce en estos días, Mulino estaría inhabilitado para ejercer cargo público y encarcelado como autor intelectual de delitos de lesa humanidad. Pero miren como son las cosas, el ladrón de gallinas está al cargo de ellas como ministro de Seguridad y desde los altavoces del poder se sigue permitiendo insultar y envilecer a todo aquel que no sigue su mandato.

Recuerdo todavía cuando asistí a alguna reunión de parte de la sociedad civil con embajadores que decían estar preocupados por la criminalización del liderazgo social y de los defensores de derechos humanos que promovía Mulino. Ya casi nadie se acuerda de ello y ya ningún embajador escribe fuera de las líneas del negociado en que se está convirtiendo Panamá.

Mulino lleva a cuestas las muertes de indígenas ngäbe y buglé en las protestas antimineras, las de civiles colonenses asesinados sin piedad, el espionaje arbitrario e ilegal de cientos de personajes públicos, la criminalización y estigmatización de decenas de panameñas y panameños honestos que desde organizaciones no gubernamentales o desde los medios tratan de contrarrestar el huracán antidemocrático del gobierno de empresarios.

El ministro –pobre esbirro agresivo del poder real y económico en el país– aplica la máxima de que “quien está contra mí y los míos está contra la patria”: simplón axioma de autócratas y dictadorzuelos con o sin uniforme. También sabe que para ejercer esa autocracia se necesitan manzanillos que sigan al dictado sus órdenes: el pobre Julio Moltó lo hace a la perfección (¡Qué malo es conocer de cerca a estos personajes, porque se les pierde el respeto que hay que ganarse!).

Ahora, dice Mulino que el exmagistrado Gerardo Solís es “enemigo público de la Policía Nacional”. En un gobierno serio, esa acusación sería de extrema gravedad y tendría repercusiones judiciales: en contra de Solís o en contra de Mulino. Un Estado de derecho no es indolente ante tan graves acusaciones. En una mafiocracia, como la que sufre Panamá, se traducirá en un pele pólice adulterado o en unos agentes de policía malencarados que apliquen la (in) justicia de Mulino por cuenta propia.

Moltó solo ha violado la ley al hacer proselitismo político a favor de Cambio Democrático y del gran jefe Martinelli al ejercer de lo que es y hablar en nombre de un país al que ha convertido en sapo: “Hoy día podemos decir que la comunidad confía en la Policía, que el policía puede recurrir a la comunidad y puede alimentarse de la información que ella le provee para poder ayudar en la prevención de los delitos”. Es decir, Moltó publicita las bendiciones de una ciudadanía dócil, aunque no tiene un solo dato que demuestre lo que no es verdad porque en Panamá la institucionalidad no goza de crédito y la policía sigue ejerciendo la autoridad por temor y no por convicción popular.

Pero lo de Mulino sí es muy grave. “Aquí hay gente que, so pretexto de criticar, son enemigos públicos y declarados de la Policía Nacional, que es la que nos cuida”, aseguraba Mulino en entrevista televisiva y, al hacerlo, marcaba a Solís y lo expone a un alto nivel de inseguridad pública. Mulino debería preguntar en Colón, en Darién o en las comarcas si la Policía es quien las cuida, pero no se atreve porque no hay que dejar que la mentira propia se vea matizada por la realidad ajena.

¿Recuerdan cuando el ministro de Seguridad renunció “de forma irrevocable”? En este gobierno sin palabra, las palabras se pronuncian con demasiada frivolidad. Menos mal que, para desgracia de ellos, los pueblos tenemos memoria colectiva y algún día, cuando regrese el Estado de derecho, Mulino tendrá que enfrentarse como enemigo público de la sociedad que lo sufre ahora.

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