GOBIERNO

Un árbol enfermo produce malas manzanas: Miguel A. Erroz

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Un árbol enfermo produce malas manzanas: Miguel A. Erroz

En busca de un mejor desempeño gubernamental, es necesario abarcar el tema de la Constitución. Si bien modificarla no alterará los valores de los funcionarios, los cambios adecuados sí mejorarán su autocontrol. Ante presiones y tentaciones es evidente que muchos carecen de la fuerza de voluntad para guiarse por lo correcto. Por fortuna hay otro determinante del autocontrol. He aquí la importancia de usar estrategias que eliminan el conflicto de intereses, mediante correcciones a la estructura gubernamental.

Concebir una constituyente para redactar nuevos “derechos ciudadanos” resultará un fraude, si cuando vas ante un juez o fiscal estos dependen y son empleados por el político que te atropelló. Reescribir los juramentos y obligaciones tampoco ayudará a reducir los conflictos creados que afligen y parcializan al funcionario.

Corregir esto recae en otro aspecto de la carta magna. La clave es eliminar las herramientas usadas por los inescrupulosos para presionar y efectuar tráfico de influencias. Entre los temas constitucionales pertinentes está el medio de contratación de los funcionarios y el control del erario. En estos asuntos lo instintivo es tratar de crear un solo paso incorruptible. Tal meta es utópica. Toda parte tiene fallas; la solución es diseñar un sistema con piezas que se refuerzan entre sí.

Considera quién controla la carrera de los integrantes de la rama judicial. El método más básico y menos efectivo es uno jerárquico. En este, el Presidente de la República escoge a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y estos designan, directa o indirectamente, a los jueces y subalternos. El resultado es conocido. El Órgano Judicial se politiza y responde ante los intereses del Ejecutivo y sus aliados.

Un método distinto que logra pequeñas mejoras es que los jueces, en su totalidad, elijan quiénes administrarán el sistema de contratación. Esto consigue derrocar la mafia política, pero instala otra. A cada juez le convendrá elegir a un amigo que le garantice avanzar su carrera, irrelevante de mérito; y a quien sea electo le convendrá contratar a sus amistades, irrelevante de mérito, para garantizar su reelección o un trueque rotatorio. Una vez en equilibrio, el grupo entronado gozará de impunidad.

Un sistema eficaz es la creación de una entidad de contratación por mérito, cuyos comisionados sean seleccionados por distintos grupos. Podría incluir uno escogido por los decanos de las facultades de derecho, otro por las organizaciones civiles dedicadas al fortalecimiento de la justicia, otro por los mismos jueces, etcétera. Así se asegura que los encargados representen distintos intereses y ninguno logre mayoría. Se puede reforzar aún más imponiendo límite de términos. Esto rompe las posibles mafias y fortalece la medición por mérito, pero es falible.

Mejorarlo requiere controles posteriores para que un solo ente no tenga la última palabra. Una solución común es que cada juez, una vez nombrado, sea sometido periódicamente a referendos populares (elecciones sí/no) en su distrito o jurisdicción. Igual de beneficioso es que el Ejecutivo deba seleccionar a los magistrados de la CSJ de una lista compuesta por la comisión. Esto fortalece la independencia, pero aún no hace mucho por moderar las decisiones judiciales.

Es necesario controlar la arbitrariedad que enmascara corrupción. Entre las soluciones, una es establecer juicios por jurado en casos graves. Así se involucra a ciudadanos con diversos puntos de vista, que pueden llegar a un veredicto más justo que un juez que actúa de forma unilateral. Otra práctica importante es limitar la autoridad de la CSJ, principalmente al juzgar la constitucionalidad de prácticas y leyes. Esto asegura que todas las decisiones de la CSJ de última instancia sean de amplio alcance (produce antecedentes), lo que le dificulta ofrecer “favores”.

Si bien hay múltiples soluciones, las citadas son comúnmente empleadas en los distintos estados de Estados Unidos. En resumen, el concepto de sistemas compuestos por partes que se refuerzan, aplica a todos los estamentos. Abarca cómo se debe seleccionar a los fiscales, jefes de policía, reguladores y a un sinnúmero de servidores públicos. Similarmente, aplica para eliminar otras herramientas de coacción, como el control del erario y los canjes circulares de autoridad.

Tengamos presente que el tema constitucional va más allá de derechos y obligaciones. Incluye cómo reducir los conflictos de intereses que, sin necesidad, ponen a prueba la voluntad. En fin, la estructura del Estado puede asegurar que incluso cuando haya individuos inescrupulosos, ellos estén rodeados de agentes imparciales, que no les deben sus carreras, excepto al mérito propio. Mejores frutos salen de un tronco saludable.

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