UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

La equiparación salarial es necesaria: Dorindo Jayan Cortez

Aunque el aula de clases en la Universidad de Panamá (UP) es atendida con las exigencias que el contexto actual reclama, aún falta tomar consciencia de que esos cambios necesitan, cada vez más, una docencia innovada y bien remunerada.

Ese proceso de exigencias diversas requiere de un docente desenvuelto en un ambiente laboral saludable, es decir, en condiciones adecuadas. No solo se trata de equipararlo con la remuneración salarial que reciben sus colegas en otras instituciones de educación superior, particularmente la Universidad Tecnológica (UTP) en la que (con iguales funciones), el educador devenga mejor salario. En esto coincidimos con la Asociación de Profesores al reivindicar, acertadamente, ese derecho que consideramos impostergable. La disparidad es insostenible.

En la UP, partiendo del salario base, un profesor en la categoría regular auxiliar devenga $1,760.54, y $2,253.50 si es titular. En estas mismas categorías, en la UTP el docente recibe un sueldo base de $2.139.92 y $2.739.14, respectivamente.

Una diferencia salarial similar, en detrimento de los que imparten clases en la UP, tienen los docentes no regulares, es decir, los especiales y adjuntos, con un desajuste de sueldos entre 15% y 20%. Equiparar el régimen salarial, entre una y otra universidad, es una necesidad y es de justicia; además de ser una exigencia constitucional observada en el artículo 67, que establece: “a trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo, cualquiera sean las personas que lo realicen...”. Así de clara es la norma que justifica la petición de equiparación.

Al postular la necesidad de la equiparación no estamos reduciendo las condiciones laborales del docente a un asunto meramente cuantitativo, hablamos, entre otras cosas, de responder a los cambios cualitativos que sufre la educación superior, con eficacia; asumiendo los retos sin miramiento a los recursos e inversiones onerosas que estos exijan. Son cambios (los que hoy vivimos) que inciden en los procesos de enseñanza–aprendizaje; en el papel que desempeña el docente en el aula. Se necesita, cada vez más, educación continua y un compromiso sostenido del docente. Componente de ese nuevo contexto es la acreditación institucional, incluyendo los niveles de eficacia y calidad, pero además (aunque consideramos que requerirá de pronta revisión) están las exigencias del recién aprobado Reglamento del Sistema de Evaluación (que modifica el anterior), que incluye el concepto del rendimiento por resultados. Se trata, en su visión general, de una redefinición del cómo ponderamos el accionar de la docencia, la investigación, y la extensión, como la producción y los servicios; tanto para el profesorado como para el funcionariado administrativo.

Hay que generar la cultura de los “buenos resultados”; esto es válido con excepción del contenido punitivo del reglamento. Es una manera de considerar los aportes institucionales en el camino de seguir fortaleciendo el papel que desempeña la academia en la comunidad nacional; sobre todo, el rol del docente en ese ámbito tan esencial.

Estratégico, desde esa perspectiva, es evaluar lo que hacemos, pero sin que se desconozcan los derechos legítimos, empezando por suprimir la desigualdad salarial comentada.

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