RECLAMO SOCIAL

Un pueblo a la espera de respuestas: José Del Cid Felipe

En la actualidad el país se encuentra inmerso en una atmósfera política debido a la celebración de elecciones primarias en los principales colectivos, que han invertido grandes sumas de dinero en pro de sus aspiraciones de poder y con la intencionalidad del mantenimiento gobernativo de la cosa pública. Sin embargo, en notoria contraposición, la población representada por trabajadores de todos los sectores laborales del país pone de manifiesto un reclamo unísono que pide mejores condiciones de vida y una compensación salarial considerable, en reemplazo de los simulados subsidios otorgados por los gobiernos de turno (a mayores subsidios, más impuestos).

En este tema debemos recalcar que en los últimos años el Gobierno ha prometido compartir con la población las exitosas cifras que reflejan los altos indicadores económicos favorables en las estadísticas, que sitúan a Panamá en lugar privilegiado en materia financiera.

A pesar del despilfarro generado por estas prebendas políticas, las facciones sindicales, populares y gremialistas solo reciben bolsas de comida y materiales de construcción como una contribución de las campañas electorales, y un miserable aporte del Estado, justificando un premio a sus esfuerzos dentro de sus ambientes laborales y habitacionales. Esta poca atención hace que muchos ciudadanos protesten en las calles, tranquen vías y realicen paros laborales, entre otras medidas de presión contra las repetitivas prácticas impopulares de los gobernantes.

¿Por qué, en un período electoral como el que se avecina, los precandidatos a puestos de elección popular y dueños absolutos del poder económico y político no han podido resolver la crisis expuesta?

La respuesta resulta compleja para el panameño común, que no comprende por qué estos colectivos utilizan nuestros propios dineros para invertir en publicidad radial y televisiva, sin recordar que con esos millones se daría respuesta a muchos problemas que emergen en el ámbito social de un pueblo que solo exige que los beneficios adquiridos por el gobierno y la clase política permeen, aunque sea, para resolver sus necesidades básicas y legales. Es una obligación del Estado suplir al pueblo de seguridad social, transporte adecuado, estabilidad salarial y salud, entre otros aspectos.

Sin embargo, si analizamos estas conductas reflejadas por los precandidatos de turno, habría que evaluar que el simple hecho de postularse a puestos de elección popular representa para ellos grandes ingresos económicos por donaciones, uso de fondos estatales y por el subsidio que otorga el Tribunal Electoral.

Ante este escenario, los ciudadanos debemos votar por personas que presenten propuestas viables, desechando a los políticos tradicionales o a los nuevos que siguen las antiguas prácticas electoreras.

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