LÍMITES AL PODER

La esposa candidata: Fernado Berguido

El derecho constitucional existe para limitar el poder. Es su razón de ser. Nació para controlar los caprichos de monarcas y ha subsistido en las repúblicas bajo la premisa de que la libertad y los derechos fundamentales solo florecen donde los gobernantes están sometidos a leyes superiores.

Resalto lo anterior a propósito de la interpretación, a mi parecer errada, que se le ha dado a la Constitución para permitir que la esposa del Presidente de la República pueda ser candidata a la Vicepresidencia.

En otras palabras, por primera vez en nuestra vida republicana –y a pesar de que desde 1928 existe una norma constitucional que prohíbe que miembros de la familia del mandatario puedan sucederle– la esposa de un presidente es candidata.

El principio de la no reelección es uno de los grandes aportes que Latinoamérica hizo al constitucionalismo moderno. La Constitución de México de 1917 lo consagró como parte de las conquistas de aquella constituyente de Querétaro. Bajo la proclama de “sufragio efectivo, no reelección”, los mexicanos le aportaron al presidencialismo dos gemas: el voto directo y la no perpetuación en el poder. ¡Y vaya que tenían razones!

Porfirio Díaz, aquel “gran presidente” que modernizó México, que construyó ferrocarriles y obras de infraestructura por doquier, decidió perpetuarse y encontró la forma de hacerlo una y otra vez. Se hizo reelegir por séptima vez en 1910. La lucha contra el continuismo fue la que desató la Revolución mexicana.

Las constituciones de casi todos los países de América Latina –enfermos como estaban por ese caudillismo del siglo XIX que arrasó con los contrapesos políticos– adoptaron normas similares, unas de carácter absoluto, como la mexicana, otras menos rígidas, que permitían a un expresidente a volver al poder siempre y cuando no fuera inmediatamente.

Hasta Estados Unidos, el padre del presidencialismo, a pesar de la fortaleza del Congreso y la independencia de sus jueces, tuvo que reformar su Constitución para limitar la perpetuación en el poder, permitiendo una sola reelección, luego de que Franklin D. Roosevelt fuera elegido cuatro veces consecutivas para el cargo.

Los méritos o debilidades de la reelección dan para un debate sin fin. Lo cierto es que, en los sistemas políticos que carecen de contrapesos robustos, capaces de limitar el poder omnímodo del Presidente, la reelección presenta un riesgo enorme a la democracia, una de cuyas premisas es que el ejercicio del poder es temporal, sin líderes imprescindibles.

Esa misma América Latina sufrió, a mi parecer, un retroceso político en los albores del siglo XXI cuando volvieron a aparecer quienes se vendieron como salvadores de sus países, como Menem o Fujimori, derribando las barreras contra la reelección. Por esa trocha siguieron Chávez, Correa, Uribe y Ortega. La democracia es alérgica a mesías y caudillos, y solo hay que mirar alrededor para comprender sus aprehensiones.

Nuestra primera Constitución, quizás por inocencia de los próceres o por la premura de crear una nueva república, no dispuso sobre la reelección. Tampoco contempló el voto directo. Pronto advertirían el peligro.

Tan temprano como 1918, se presentó el primer paquete importante de reformas a la Constitución de 1904, que incluían, entre otras, el voto directo y la no reelección. Hubo que aguardar una década para lograr el consenso político (y pasar por la experiencia de nuestro primer caudillo republicano, Belisario Porras, quien en una década llegó en tres ocasiones a la Presidencia) –para que la no reelección se convirtiera en norma constitucional. Allí ha permanecido incólume desde 1928, prohibiendo la reelección inmediata del Presidente y su familia. ¿La de su familia? Claro. Es que los constitucionalistas no son ingenuos. ¿O es que piensa el actual mandatario que fue él quien descubrió que hay otras formas de perpetuación en el poder?

Son varias las normas de la Constitución que frenan la posibilidad de que el ciudadano que ocupe el cargo concentre en su núcleo familiar el poder. Se prohíbe al Presidente, por ejemplo, que nombre en el Gabinete a su familia. Igual limitación se le impone para la designación de otros cargos de relevancia política y para sucederle.

La Constitución, que puede que sea ciega y sorda, pero no es tonta, prohíbe la perpetuación familiar con tal contundencia que solo bastaba ponerle nombre y apellido a la situación actual. Art. 193: No pueden ser vicepresidente los parientes dentro del cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad del Presidente para el período que sigue al suyo.

La dirección de asesoría legal del Tribunal Electoral, sin embargo, en una consulta hecha por el partido oficial el 8 de enero de 2014, optó por echar mano a una norma del Código de la Familia que define que “los cónyuges entre sí no son parientes por afinidad”.

Pienso que el criterio utilizado fue desatinado por haberse extrapolado erróneamente una disposición del derecho civil al ámbito constitucional. Al hacerlo, una norma de inferior jerarquía ha terminado dando pie a una situación que es ajena al mandato de la Constitución, ese que demanda a todas voces restringir el poder del gobernante –y no acomodarle sus caprichos– y que al hacerlo ha desvirtuado el orden jerárquico de las normas jurídicas.

Como han expuesto claramente los doctores Mario Galindo y Ramón Ricardo Arias en su demanda de inconstitucionalidad, la aplicación desatinada que se ha hecho de las normas nos conduce a un despropósito mayúsculo.

En otras palabras, el Presidente no puede nombrar en el Gabinete a sus hermanos ni a sus hijos ni nietos. Tampoco a sus primos. Menos aún a sus suegros ni cuñados pero, ¿sí a su esposa?

Vale indicar que la probabilidad de que la esposa del Presidente fuera candidata a Presidente o Vicepresidente para el período siguiente fue analizada por constitucionalistas prestigiosos antes de que fuera postulada la primera dama. Así lo dejó claramente expuesto el año pasado el Dr. Rigoberto González en su obra Lo constitucionalmente correcto: ¿El cónyuge del presidente puede ser candidato a ocupar dicho cargo? Y a este le había antecedido Luis Fuentes Montenegro en 1997, en su edición comentada de la Constitución, al advertir que estas normas constitucionales “resaltan la preocupación de evitar probables perpetuaciones familiares en el poder político”.

En 1928 a las mujeres no se les reconocían derechos políticos. Una vez remendada semejante injusticia, fue evidente que las salvaguardias constitucionales contra el continuismo familiar le eran aplicables. Lo demuestra la historia. ¿O es que hasta ahora es que tenemos una primera dama capaz de correr?

“De aceptarse que el cónyuge del Presidente sea elegido al cargo se estaría permitiendo la continuidad en el ejercicio del poder no solo a una persona de su núcleo familiar sino al más cercano de todos” –concluyó preclaro el Dr. González.

Como señala el constitucionalista argentino Segundo Linares, la Constitución es un cuerpo orgánico, un sistema de principios y normas entrelazados entre sí. Así, al interpretarse el texto constitucional “los poderes delegados [en él] no pueden ser utilizados para beneficio de los gobernantes, que son únicamente servidores y agentes temporales”.

“Debe adoptarse –dice Linares– la regla de interpretación que mejor concuerde con la intención declarada de la Constitución”. Para el derecho constitucional panameño, si hay algo que no admite duda, es que la perpetuación en el poder está vedada. Al menos hasta hoy. Queda por ver qué ocurrirá luego del 4 de mayo.

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