GOBIERNO

La estabilización de precios, meta de la política económica: Olmedo Arrocha

La política económica es la intervención del Estado mediante estrategias, planes y acciones que busca guiar e influir la economía, bajo objetivos genéricos, tales como igualdad, independencia, libertad y justicia. Sin embargo, hay otras metas específicas, a saber: crecimiento sostenido de la economía, desarrollo económico, pleno empleo y estabilidad de precios, entre otros.

La estabilidad de precios guarda relación con estrategias que buscan que estos no tengan grandes cambios –ni para subir ni para bajar– como consecuencia de estados cíclicos relacionados con inflación, deflación, alzas y bajas en los precios de las materias primas en el mundo, y cambio climático. No se trata de fijar un precio de forma inflexible, sino de aplicar los mecanismos que impidan las fluctuaciones extremas de alzas y bajas.

Una acción elemental para la estabilización es vigilar el equilibrio entre la oferta y la demanda del mercado. Entendiendo la demanda como la actividad de comprar. Si aumenta demasiado, los precios tienden al alza, y si disminuye puede traer como consecuencia, entre otras cosas, menos márgenes de utilidad de las empresas, dificultad para el pago de los créditos bancarios, crédito restringido, y aumento del desempleo.

En cuanto a la oferta, relacionada con la actividad de poner a la venta un bien o servicio, si aumenta de forma anormal puede provocar excedentes, con lo que disminuye la producción o la importación del bien o servicio, y si disminuye puede generar escasez, produciendo el aumento en el precio de dicho bien o servicio.

Los países utilizan, como herramienta de política económica, la devaluación de la moneda, pero Panamá no tiene moneda propia. Las que sí podemos aplicar son las políticas fiscales enfocadas al gasto público (destinar fondos para alentar determinadas actividades, por ejemplo) o a los impuestos (para desanimar la sobreproducción o sobreimportación). También puede recurrirse a políticas agraria, industrial, energética, de transporte, comercial, turística y de vivienda.

Una actividad puntual que señala nuestra Constitución y la ley, es la intervención del Estado a través del control de precios de manera temporal, sobre todo, cuando se presenta el aumento no razonable de algunos bienes y servicios. No es una política comercial, sino económica. El comercio vela por la actividad de comerciantes para que crezca y, como efecto colateral, se beneficie la gente con más empleo. No obstante, cuando el ejercicio del comercio en determinadas actividades afecta porque los precios de la oferta aumentan demasiado, urge tomar medidas para proteger al individuo en calidad de consumidor y demandante de bienes y servicios.

Si se estudia, de forma responsable, las causas de los aumentos de precio, se identificarán factores exógenos, como el costo del petróleo, la inflación o deflación de algunas economías referentes, como Estados Unidos, China y países europeos. Pero, sin lugar a dudas, también se pueden señalar causas internas relacionadas con las distorsiones del mercado, que se combaten a través de una decidida y firme acción de vigilancia y fiscalización del Estado en el cumplimiento de una serie de reglas de libre competencia y en la promoción eficaz y constante para elevar los niveles de concurrencia de agentes económicos que compitan entre sí, de forma que los precios se mantengan lo más estables posible, a pesar de las circunstancias económicas internas o externas.

Para esta labor de vigilancia y fiscalización primero se creó, mediante la Ley 29 de 1996, la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (Clicac), que luego pasó a ser la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa a la Competencia (Acodeco) mediante la Ley 45 de 2007. La dinámica de esta institución es fundamental para ejecutar algunas políticas económicas y desmotivar la necesidad de intervenciones radicales estatales como la fijación de precios.

Así como un médico debe estabilizar los signos vitales de una persona que ha sufrido algún trastorno importante de salud, incluyendo en ocasiones el suministro de métodos invasivos, para luego brindarle un tratamiento a mediano y largo plazo; de igual forma, fue necesario que se interviniera la oferta de algunos bienes y servicios de la canasta básica. Tras lograr la estabilización de su costo, que iba en aumento progresivo, corresponde ahora establecer estrategias para que cuando se levante, parcial o totalmente la medida de intervención estatal regulatoria, los precios no se disparen, sino que se mantengan en los márgenes actuales.

Es necesario ejercer un liderazgo honesto, que lleve adelante la elaboración de un “plan nacional de estabilización de precios”, con participación y consulta pública y privada. Este gran reto lo debe asumir la Acodeco, como organismo de coordinación y de asesoría del Gobierno en temas de libre competencia (artículo 86 numeral 4 y 96 numeral 4 de la Ley 45 de 2007) y ejecutor de políticas económicas; además, emulando a un padre que puede sancionar a un hijo para corregirlo, debe sensibilizar a los agentes económicos sobre sus obligaciones, teniendo claridad de propósito y energía para disuadir incumplimientos y persuadir la moderación del ánimo especulativo.

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