CONTRATACIONES

Sin excelencia académica: Fernando Gómez Arbeláez

Uno de los aspectos que profesionales y técnicos panameños de la salud han criticado con mayor vehemencia del anterior proyecto de ley 611, ahora deplorablemente sancionado por el Presidente de la República como Ley 69 de 2 de octubre de 2013, es su inaceptable laxitud con respecto a la formación académica de los profesionales y técnicos extranjeros. En síntesis, esta nueva ley autoriza la contratación por parte del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social de personal foráneo para ejercer la medicina, la enfermería y ciertas carreras técnicas en cualquier parte del país, incluyendo la ciudad capital, dentro de una amplia cobertura geográfica que no puede ser restringida, a diferencia de lo que argumenta ese Ministerio, por un mero decreto reglamentario.

Los artículos 4 y 6 de la Ley 69 apenas requieren que el profesional o el técnico foráneos posea “título académico” e “idoneidad profesional de su país de origen”, sin exigir créditos específicos ni otra documentación verificable acerca de la calidad, actualidad y contenido de la educación por ellos recibida. Esta grave debilidad legislativa sorprende y preocupa no solo a los ciudadanos que, como pacientes, quedarían a merced de personas con una formación deficiente o hasta desconocida, sino también a profesionales y técnicos panameños que han obtenido sus títulos en los contados oasis de excelencia académica nacional como históricamente han sido las facultades de Medicina y Enfermería de la Universidad de Panamá, así como en otras de más reciente fundación.

Esta pobre y negligente redacción de la Ley 69 exterioriza el desinterés injustificado del Gobierno en una calidad educativa de primer orden, un abandono absoluto de esa calidad no reconocida que se torna peligroso cuando de la salud pública se trata. Cuando el entonces proyecto de ley 611 era aprobado en Consejo de Gabinete, ningún ministro parece haber observado ni objetado las escasas condiciones académicas requeridas al personal extranjero. ¿Pero acaso existen condiciones académicas para ser ministro?

En Panamá, gobierno tras gobierno han demostrado que a diferencia de un médico, enfermera o técnico de la salud, un ministro puede ser cualquiera. Con el paso de los años nos hemos acostumbrado a ver sentados alrededor de la mesa del Consejo de Gabinete a personas que no tienen la preparación para ocupar un alto cargo en el engranaje gubernamental. El requisito allí no es académico, sino político, dependiente de la cercanía partidista o personal del funcionario con el gobernante de turno, más aún si este decide rodearse de quienes a todo lo que pida siempre le responderán “sí”.

Un ministro puede carecer hasta de título de bachiller, media o secundaria e incluso aspirar, como cualquier ciudadano, a ser candidato a presidente o a alcalde capitalino. La política partidista hace irrelevante al título. Lo peor, sin embargo, puede no ser la inexcusable falta de estudios de ese ministro, sino su afán de ocultarla y su reprochable desinterés en completarlos.

Pocos recuerdan cuándo fue la última vez que el Ministerio de Obras Públicas estuvo dirigido por un ingeniero o un arquitecto. En los últimos años han pasado por esa cartera ministros de todo tipo –contadores, bachilleres, vendedores de seguros– pero sin poseer el título adecuado. Asimismo, pocos recuerdan cuándo fue la última vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo dirigido por un profesional con estudios de posgrado universitario en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales o Diplomacia. Los días de eminentes figuras como Narciso Garay, Ricardo J. Alfaro, Galileo Solís, Julio Linares, entre otros, hace tiempo que se fueron. Nadie recuerda quién fue el último ministro con un posgrado universitario a nivel de doctorado o Ph.D. Que se sepa, no está sentado en el actual Consejo de Gabinete.

La falta de preparación académica no ha sido impedimento para que algunos funcionarios descaradamente adulteren sus hojas de vida e inventen títulos ficticios con los cuales pretenden justificar sus muy cuestionados nombramientos. Estos pueden ser supuestos posgrados de universidades de la jerarquía de Princeton, Yale, Columbia y no falta hasta el posgrado “con especialización en Finanzas en Harvard University” que jamás han recibido. El colmo de la inseguridad, el engaño y la desfachatez.

Si a los miembros del Consejo de Gabinete no les importan los niveles de preparación de los profesionales y técnicos extranjeros que serían contratados por el gobierno bajo la Ley 69, a la población panameña que pondría su salud y sus vidas en esas manos, sí. La exigencia de requisitos académicos rigurosos es una de las modificaciones inmediatas que esta normativa carece y necesita, no a través de una frágil reglamentación que el Ministerio de Salud puede cambiar en cualquier momento, sino a través de una nueva ley.

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