MATERIA JUDICIAL

¿Es ilegal llevar expedientes a casa?: Luis Antonio Pereira Sánchez

Por las noticias publicadas, se ha conocido de una denuncia contra el magistrado Jerónimo Mejía por abuso de autoridad y apología del delito, por opinar en una audiencia que es una práctica común de jueces y funcionarios sacar expedientes del despacho para “adelantar trabajo”.

Efectivamente, hasta 2008, la prohibición de retirar expedientes del despacho judicial estaba en el Art. 183, numeral 7 del Código Judicial que señalaba: “Son deberes de los secretarios: ´Exhibir, a los abogados en general y a los litigantes, los expedientes y documentos que se hallen en el archivo o cursen en la secretaría; pero no permitirán que tales expedientes o documentos se retiren de la secretaría, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley”.

Sin embargo, esto fue modificado por el artículo 35 de la Ley 15 de 2008, que adopta medidas para la informatización de los procesos judiciales. Los 22 numerales que originalmente contenía el artículo 183, se redujeron a 17. Entre los cinco que fueron eliminados se incluye, precisamente, el numeral 7 citado.

Aunque tal cambio deja sin bases la alegada ilegalidad de la conducta, conviene buscar el motivo para este. La respuesta a esta interrogante se puede encontrar en razón de la variación de los supuestos de la gestión judicial basada en papel, contra aquella electrónica, que es sin papel. Muy irónicamente, el tema fue tratado en una sentencia de 13 de noviembre de 2009 que resuelve la acción de inconstitucionalidad impetrada con el artículo 1 de la propia Ley 15 de 2008 y cuyo ponente fue el propio magistrado Mejía, en decisión unánime con el resto de sus colegas magistrados.

En aquella ocasión el accionante señalaba que el sistema de informatización era absolutamente inconstitucional, considerando la frase del artículo 201 de la Constitución que señala: “La gestión y actuación de todo proceso se surtirá en papel simple...”. El pleno, haciendo uso de una interpretación evolutiva y del principio de razonabilidad, señaló que esta interpretación literal no podía utilizarse para impedir la aplicación de procesos informáticos a las gestiones judiciales.

Por el contrario, la informatización sirve para garantizar el cumplimiento del carácter de justicia gratuita, expedita e ininterrumpida que señala la Constitución en su artículo 201, así como el 215. En consecuencia, se declaró que la norma no era inconstitucional.

La “justicia sin papel” viene a romper muchos paradigmas en materia procesal. Precisamente, la propia Ley crea el Sistema (automatizado) de Gestión Judicial, que otorga un usuario y contraseña a todo abogado (artículo 46 de la Ley) para que pueda acceder al sistema y al expediente electrónico a través de internet, es decir, desde cualquier lugar del mundo, rompiendo con la noción de que el expediente solo puede consultarse en el despacho. Si esto es posible, y si la ley actualmente no prohíbe tal cosa, ¿es tan reprochable que un juez saque un expediente físico para trabajar en él? Si tal acción tiene como objetivo trabajar en este, y contribuir a evitar la mora judicial (que sí es una actuación ilícita), no vemos nada reprochable en ello.

Ahora, con respecto a la posible acción delictiva del magistrado Mejía, me parece que nuevamente la denuncia peca de excesivamente legalista, producto de una equivocada concepción del juez como un autómata de la legalidad.

En su opinión el magistrado señaló que tal conducta era una práctica común de los jueces. Una de las definiciones de “práctica” en el Diccionario de la Real Academia Española es “uso continuado, costumbre o estilo de algo”.

Al respecto resulta oportuno citar el artículo 798 del Código Judicial que señala: “Los usos y costumbres aplicables conforme la ley sustancial, deberán acreditarse con documento auténtico o con un conjunto de testimonios que den al juez certeza sobre su existencia, salvo que sean de conocimiento público”.

Contrario a la noción común, la parte final del artículo señala que aun cuando la costumbre debe ser probada al juez, si este tiene conocimiento de la misma, por ser un hecho público, no es necesario probarla, confirmando que el juez no es ciego, ni vive aislado del mundo, sino que también es una persona capaz de percibir la realidad por sí mismo.

Es evidente que la manifestación del magistrado Mejía se da en el contexto de este artículo, por lo cual mal puede señalarse de desconocer la ley, especialmente cuando se ha dicho que tal práctica no se encuentra expresamente prohibida por la ley.

Más importante aun, la labor judicial supone la emisión de opiniones, que como sabemos muchas veces no serán concordantes, ya que existe un margen para disentir, como lo dispone el artículo 115 del Código Judicial, en la posibilidad de salvamento de voto.

Suponer lo contrario, no solo desconoce la ley, sino que puede representar una afectación ilegítima de la libertad de expresión y la independencia judicial.

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