LEGALIDAD

Sobre el fallo del ´pele police´: Kevin Moncada-Luna Arjona

Hace poco, el juez séptimo de Circuito Penal, Felipe Fuentes, emitió un fallo en el que uno de sus puntos declaraba ilegal el uso del pele police. Distinguidos juristas como Miguel Antonio Bernal han opinado que la insistencia por parte de la Policía Nacional (PN) de continuar empleando este instrumento, pese a una decisión judicial que la declaraba ilegal, hace un llamado a “desobedecer órdenes judiciales”, lo cual viola el orden constitucional.

No obstante, este servidor tiene otro criterio. La República de Panamá cuenta con un sistema jurídico llamado “sistema romanista”, que es aquel en el que prevalece el derecho positivo (conjunto de normas jurídicas escritas, verbigracia, la ley), a diferencia del sistema anglosajón (common law), como el que presenta Estados Unidos, donde prevalece la jurisprudencia (derecho de precedentes). En nuestro país, tres fallos judiciales uniformes dictados por la Corte Suprema de Justicia constituyen doctrina probable (Art. 1162 del Código Judicial), de la cual los administradores de justicia “pueden” (no están obligados) nutrirse para resolver casos análogos.

Una vez aclarado esto, debo recalcar que los jueces del rango de Felipe Fuentes (juez de circuito penal), solo tienen competencia para dirimir casos particulares, es decir, el alcance de sus resoluciones solo debe afectar a las partes dentro del determinado proceso penal que hayan conocido. En el caso específico de marras, la sentencia del juez, que se basó en que “no existe ninguna ley emitida por la Asamblea que autorice a la Policía Nacional la utilización del pele police, resolvió una acusación contra Elbis Ponce Morales hecha por la Fiscalía Novena de Circuito por oponerse a que se le aplicara el pele police a él (Ponce), a su hermano y a su madre, por parte de agentes policiales.

La decisión del juez se refleja en su criterio como operador de justicia, por ende, como bien señaló el letrado Vicente Archibold en el noticiero de Telemetro, deja sentado una jurisprudencia. Sin embargo, como ya expliqué, en Panamá la jurisprudencia no tiene carácter vinculante. Por tal razón, comparto plenamente el comunicado proferido por la Policía Nacional en el que se indica: “aclaramos a la ciudadanía que el análisis jurisdiccional del Juzgado Séptimo deCircuito Penal no es de aplicación general”.

Ahora bien, en el supuesto de que el director de la Policía sea querellado penalmente por abuso de autoridad por instruir el uso del pele police sin una norma legal que la autorice, dependerá del criterio del tribunal que corresponda juzgarlo, dentro de ese caso particular, si es ilegal o no. Caso totalmente distinto fuese si hubiera una ley o norma que autorizara la herramienta policial y luego la Sala Tercera de la Corte la declarara ilegal (la norma); en esa situación, entonces sí la Policía Nacional tendría inmediatamente que cesar el uso del pele police.

Mi opinión es que, en aras de evitar más incertidumbres y debates jurídicos como los acaecidos, debe la Asamblea Nacional legalizar prontamente el uso de este dispositivo, porque gracias a él la Policía Nacional ha logrado con más efectividad cumplir con su deber legal de capturar a los prófugos de la justicia.

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