‘ENFADO’ POR EL EXCESO DE TRIBUTOS

Nuestra fatalidad fiscal

Nuestra fatalidad fiscal, la de los ciudadanos laboriosos de este país, formadores de familia, base y sustento de toda sociedad en su sentido más amplio (léase clase media trabajadora), consiste en la categorización, importancia y valía que el Estado nos atribuye en su clasificación tributaria; totalmente discriminatoria con respecto a las personas jurídicas (sociedades, empresas). Hace algunos años, Gilbert K. Chesterton, príncipe de las paradojas, afirmó que: “El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia”. Y agrego: ahí reconozco la labor del ciudadano.

Efectivamente, el ciudadano panameño, hoy día tan censurado, maltratado y vilipendiado, también es agredido tributariamente. Este artículo no busca atacar al aciago Decreto Ejecutivo 130 de 6 de junio de 2017 que reconocemos está fundamentado en la legalidad de normas existentes, y que no instaura nuevos tributos, mas sí plasmar un generalizado sentimiento que se resume en la palabra “cabreo”, en su sentido coloquial.

Si bien el decreto no crea nuevos tributos, debe el Gobierno reconocer que con su implementación (actualización de valores) aspira a incrementar sus ingresos mediante el cobro de tributos, acto este que no sería pecaminoso, de no ser por lo injusto y discriminatorio del trato que otorga el Estado a los contribuyentes naturales. Pagar impuestos es un acto necesario y obligatorio, pero pagar demasiados impuestos puede ser motivo de un enorme “enfado”, más, si la sociedad no cuenta con una institucionalidad capaz de velar por el bienestar, cumplir y hacer cumplir las leyes, combatir la corrupción y, en fin, granjearse el respeto de la ciudadanía por razón de su prístina actuación y no por vanas promesas y discursos huecos.

Flagrantes son las injusticias que se cometen contra el ciudadano y su entorno familiar. El Estado fiscal no toma en consideración, para los efectos tributarios, los gastos que la persona natural desembolsa durante toda su existencia y muy especialmente los aportes que durante su vida familiar realiza; entre los que podemos mencionar: educación, alimentación, hipoteca, seguros, locomoción, vestimenta, depreciación de equipos, telefonía, colaboradora del hogar (empleada), aportes para la seguridad social, consumo de agua, mantenimiento, gastos de viajes, gastos médicos y un largo etcétera.

En Panamá, como en cualquier país del mundo, están obligados a pagar impuestos tanto las personas naturales, como las personas jurídicas y eso es correcto. Sin embargo, no hay equidad entre los actores obligados. Por un lado, tenemos que las personas jurídicas (empresas) pueden rebajar de su renta bruta anual todos los gastos necesarios propios del giro de su negocio en función al principio de causalidad, que en forma genérica significa que “las deducciones a la renta solo son admisibles cuando guarden una relación causal directa con la generación o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad”. Sin embargo, esto no aplica a las personas naturales. Entonces, ¿por qué las personas naturales no pueden deducir gastos “propios de su giro”? ¿Ello no atenta acaso contra los derechos constitucionales y, por tanto, contra los derechos humanos de la persona natural, así como los de la familia? ¿No está obligado acaso el Estado a proteger y defender a la persona humana y a la familia como mandato supremo y fundamental de su razón de ser?

En Panamá, pues, la discriminación fiscal a la familia es un hecho. La protección jurídica a la familia se ve afectada por una política fiscal en donde únicamente prima el afán desmedido de recaudación en perjuicio de la clase media trabajadora y su familia y, por ende, del bien común de la sociedad, fin primario de la tributación. Esta problemática a la larga perjudica la conciencia tributaria de los contribuyentes, personas naturales, los cuales optarán por evadir o eludir el tributo o irse a la informalidad, a fin de no verse perjudicados injustamente.

Parafraseando a Einstein y su teoría de la relatividad, concluyo lo siguiente: “Si mi teoría es correcta, el Estado fiscal abogará para que pague mis impuestos, y los libertarios, por la equidad. Pero de no serlo, los libertarios dirán que soy el fisco, y el fisco dirá que soy un sedicioso. El mundo al revés”.

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