EL IVM, EN RIESGO

´En el laberinto financiero de la CSS´: Salvatore Bacile Ladaris

Con el título de este artículo se denomina la reciente carta económica de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), por lo que estimo pertinente dedicar estas líneas. Mediante el documento, la Apede invita a reflexionar sobre las finanzas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra la Caja de Seguro Social (CSS), tomando en consideración que la institución cumple 73 años de su creación.

La carta es pertinente en lo que se refiere al programa IVM, y señala que desde la reforma introducida en 2006, a través de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, el programa de pensiones transita de un sistema financiero de reparto, o exclusivamente de beneficio definido, a uno “financiero mixto”, con un componente de beneficio definido y otro de cuentas de ahorro personal o individuales.

Ya han transcurrido ocho años desde la reforma y, a pesar de que hay decisiones pendientes de abordar, la actual administración y el gobierno, en general, parecen ignorar la planificación que se estableció, específicamente en cuanto a la sostenibilidad financiera de este riesgo, señala la carta.

Además, describe el tema como una “bomba de tiempo” y agrega que muchos de los problemas que se viven ahora se advirtieron en 2006, sin embargo, nada se hizo para prevenirlos. El documento resalta que desde 2010 los estados financieros de la entidad no han sido refrendados por la Contraloría General de la República, y que la institución no ha provisto a la Junta Técnica Actuarial información confiable y transparente que le permita hacer valuaciones financieras del IVM a futuro.

Es claro que la CSS parece haberse contagiado de la vorágine de inaugurar (mediante contratos llave en mano) obras de cemento, ignorando (por conveniencia o a propósito) los problemas financieros que subyacen y que, desde 2006, fueron advertidos. La Apede advierte que de no aplicarse mecanismos financieros que equilibren las cuentas del IVM, las consecuencias serán pagadas por el conjunto de la sociedad en un plazo menor de lo esperado.

Los retos subyacen y, a pesar de que las autoridades debían tomar decisiones mediante fórmulas que permitieran, en consenso, garantizar las pensiones de los que hoy trabajan, su actitud fue mirar para otro lado y traspasar esa responsabilidad a las futuras administraciones.

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