DESEMPEÑO DE GOBIERNO

La función fiscalizadora de la Asamblea: Carlos Guevara Mann

Son muchos los que piensan que el papel de la Asamblea se limita a aprobar leyes. En realidad, a medida que el proceso de su elaboración se hace más complejo y técnico, el Ejecutivo asume cada vez más la función legislativa.

En Panamá y otros países, la mayoría de las leyes que se aprueban tiene su origen en el Órgano Ejecutivo; algunas, estructuradas en forma de convenios internacionales y marcos regulatorios en materia económica, son redactadas por burócratas y consultores internacionales.

Este fenómeno, que de cierta manera subvierte el sistema republicano, es una realidad mundial. Por ello, en todas las democracias serias la función fiscalizadora de la cámara representativa adquiere cada vez más importancia.

La fiscalización del desempeño del Gobierno es una de las prerrogativas tradicionales de las cámaras representativas. En sus Consideraciones sobre el gobierno representativo (1861), John Stuart Mill reconoce que las asambleas “vigilan y controlan”. En otras palabras, representan a la nación en la supervisión de otras ramas del Estado, especialmente el Ejecutivo.

En su ensayo titulado Parlamento y gobierno en una Alemania reconstruida (1918), el sociólogo alemán Max Weber arguyó que la función fiscalizadora del parlamento es fundamental en el Estado burocrático moderno. La supervisión de la administración por un cuerpo de representantes elegidos por la vía democrática es el medio principal para asegurar la probidad administrativa y salvaguardar las libertades ciudadanas. Si a las burocracias se las deja actuar por la libre, sin supervisión, su tendencia es al abuso del poder y al autoritarismo.

La función fiscalizadora está presente en nuestro ordenamiento constitucional desde los inicios de la República. El artículo 67 (numeral 8) de la Constitución de 1904 reconocía a la Asamblea la facultad de “pedir a los Secretarios de Estado los informes verbales o por escrito que necesite” y el artículo 88 señalaba: “La Asamblea Nacional puede requerir la asistencia de los Secretarios de Estado, cuando ella lo tenga a bien”.

La Constitución de 1941 también permitía a la Asamblea solicitar informes a los ministros (Art. 90, numeral 9) y facultó al Órgano Legislativo para “Nombrar comisiones para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende e informen a esta para que dicte las medidas que considere apropiadas” (Art. 90, numeral 12).

En 1946, se reconoció como función administrativa “Solicitar de los Ministros de Estado informes verbales o escritos y requerir su asistencia a las sesiones, expresando su objeto, cuando resuelva [la Asamblea] que ello es necesario para ilustrar el debate” (Art. 120, numeral 9). Las facultades investigativas se ampliaron al autorizarse el nombramiento de comisiones “para que investiguen cualquier asunto relativo a actos ejecutados o medidas propuestas por el Ejecutivo y para que informen a la Asamblea a fin de que dicte las medidas que considere apropiadas”. Estas comisiones tenían el derecho “de citar tanto a los particulares como a los funcionarios y autoridades” para que concurrieran “a informar ante ellas, y el de solicitar los datos y documentos que estimen necesarios para los fines de la investigación” (Art. 120, numeral 6).

La Constitución de 1946 introdujo el voto de censura, emitido por la cámara contra los ministros de Estado, “cuando estos, a juicio de la Asamblea, sean responsables de actos atentatorios o ilegales o de errores graves que hayan causado perjuicio notorio a los intereses del Estado” (Art. 120, numeral 7).

Esta misma facultad está reconocida en la Constitución vigente (Art. 120, numeral 7), al igual que la de citar a los funcionarios de otros órganos del Estado, “para que rindan los informes verbales o escritos sobre las materias propias de su competencia, que la Asamblea Nacional requiera para el mejor desempeño de sus funciones o para conocer los actos de la Administración ...” (Art. 161, numeral 9).

En vista de la larga trayectoria de la función fiscalizadora, es sorprendente –y negativo para la República– que la Asamblea Nacional no ejerza las facultades de control que le corresponden, como lo señala el reportaje de La Prensa (14 de julio), según el cual, desde septiembre de 2011, la cámara solo ha citado al pleno a dos funcionarias. Peor aun, 14 propuestas de citación han sido rechazadas por el pleno.

El ejercicio de la función de control es un indicador tanto o más eficiente de la “productividad” de la Asamblea que la expedición de leyes. La resistencia de la cámara a ejercer esta facultad debilita aun más el sistema republicano, ya bastante menguado en Panamá.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

16 Ago 2017

Primer premio

7 8 9 4

DBDC

Serie: 14 Folio: 7

2o premio

6122

3er premio

5195

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código