LETRA MUERTA

La ética en las funciones públicas: Carlos M. Herrera Morán

Causa tristeza y desafecto que en Panamá los servidores públicos que laboran en el Gobierno, en no pocos casos, incumplen el código de ética, que es ley de la República (Decreto Ejecutivo 246 de 2004), en el desempeño de sus funciones, demostrando con esta actitud negativa que tal normativa para ellos es letra muerta.

En el caso concreto, el rector de la Autoridad de la Libre Competencia y Defensa del Consumidor (Acodeco), mediante un artículo publicado, en un medio de comunicación, emite opiniones sobre temas que se ventilan en los tribunales, que hacen relación con los colegios particulares, y que se encuentran pendientes de que los juzgados dicten sentencia.

El Código de Ética de los Servidores Públicos indica que, antes de dar opiniones, cualquier funcionario debe medir hasta dónde la ley se lo permite, máxime si este servidor ejerce una función de juez. Preocupa cuando un funcionario afirma y califica de manera subjetiva las actuaciones de los particulares, más aun cuando se pierde, de esa manera, la objetividad y la imparcialidad a la que debe estar comprometido todo buen funcionario. Los juicios de valor que se hacen evidentes con el uso de adjetivos calificativos como “escabroso”, “excesivo” y “exorbitante”, constituyen una apreciación a priori del funcionario a quien corresponde ejercer su labor con estricto apego a la ley y sin prejuicios de ninguna clase.

Estas actuaciones van en contravía de conceptos esenciales establecidos en el código de ética, como el que se refiere al “principio de prudencia de todo servidor en el ejercicio de su función”, pues es su deber “inspirar confianza en la comunidad” y “evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública” (Art. 4 C. de ética).

Consideramos que corre peligro de extralimitar sus funciones la autoridad pública que interpreta la norma más allá del sentido literal de su texto, especialmente, cuando se echa mano de medios probatorios que no están considerados en la ley (v.g. denunciantes anónimos) y cuando se hacen interpretaciones subjetivas de su texto, que vulneran el “principio de legalidad administrativa”, según el cual la gestión de los servidores públicos tiene que estar ajustada a los cánones y parámetros establecidos en los cuerpos normativos, como lo son la Constitución, las leyes, los reglamentos, los acuerdos municipales, atendiendo a la figura de la pirámide normativa del positivismo preconizada por Hans Kelsen. Nos ha tocado leer en Twitter la instigación a presentar “denuncias anónimas”. En el caso del “denunciante anónimo”, se trata de una figura inexistente en la normativa de Libre Competencia y Defensa del Consumidor, que sí existe en otras leyes, como la de “protección de testigos”, en materia penal, que por ser de índole sensitivo que pone en peligro evidente al denunciante, los testigos y su familia (v.g. graves delitos de drogas). Igualmente, se pone en riesgo la institucionalidad cuando se hacen interpretaciones caprichosas de normas cuyo cumplimiento debe ser de índole forzoso a su tenor literal (Art. 9 del Código Civil).

Por otro lado, el principio de confidencialidad es otro aspecto relevante y sensitivo que contiene el código de ética, según el cual la autoridad que reciba información o documentación de las empresas y las organizaciones, por el ejercicio de sus funciones, no podrá divulgarlas sin la autorización expresa de las partes que la haya suministrado, siempre que dicha información o documentación haya sido divulgada con carácter confidencial. Por eso, aun cuando empresas u organizaciones entreguen de manera voluntaria a la autoridad información, ello no significa que la institución tiene la potestad de hacerla pública (a través de los medios de comunicación), sin que medie autorización expresa por parte de los proveedores de dicha información. Estos preceptos éticos-legales deben ser respetados cuando se remite un caso a los tribunales de comercio, a fin de evitar contravenir la prudencia y confidencialidad que debe preservar el funcionario, en aras de asegurar la transparencia y la imparcialidad al momento de tomar la decisión el juzgador. No le es dable al funcionario público influir directa o indirectamente en las decisiones del tribunal.

Los hombres de leyes, defensores del estado de derecho y de la institucionalidad democrática, no somos ajenos al hecho de que en la relación de fuerza entre el ciudadano frente al Estado, el primero es el más débil; por lo que se hace imprescindible que no haya discrecionalidad del funcionario ni interpretación antojadiza de la ley ni uso indebido de los recursos, por motivo del cargo que ostenta, para influir de manera tácita o expresa en una decisión del juzgador. Este llamado es extensivo a todos los funcionarios públicos quienes siempre deben observar una conducta digna y decorosa, “actuando con sobriedad y moderación” (Art. 30 del código ética).

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