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RETOMAR EL CAMINO CORRECTO

Tres años de gestión: Eduardo Rubén Ulloa Miranda

El Presidente de la República, Ricardo Martinelli, cumplió tres años de gestión al frente del Órgano Ejecutivo. Durante este período hay cosas que destacar como sobresalientes en su gestión, y hay otras que, sin lugar a dudas, no servirán como timbre de orgullo en su paso por la primera magistratura de nuestro país.

No cabe duda de que la parte sobresaliente del gobierno de Ricardo Martinelli se centra en lo que se refiere a la inversión en infraestructura y obras sociales. Se puede destacar en este aspecto la renovación del barrio de Curundú, los trabajos del Metro, los trabajos de reordenamiento de la red vial en la capital (ensanche de vías y pasos vehiculares), la construcción de nuevos hospitales y centros de salud, la beca universal, el programa de 100 a los 70, la entrega de útiles y libros a los estudiantes, el aumento del salario mínimo, el inicio de la transformación del sistema educativo, etc.

Este panorama positivo y alentador de obras materiales y beneficios económicos no va, sin embargo, acompañado de una política dirigida a fortalecer las instituciones democráticas de nuestro país, porque es precisamente a nivel institucional donde se han registrado los mayores retrocesos dentro de este gobierno.

Cabe destacar, entre las acciones que han menoscabado la institucionalidad de la democracia en estos tres años: la designación en la Contraloría General de la República de una subalterna de su empresa privada; la intromisión del Órgano Ejecutivo en la separación de la procuradora Ana Matilde Gómez; la designación de magistrados provenientes del Órgano Ejecutivo o allegados a este, desconociendo normas constitucionales a ese respecto, y comprometiendo seriamente la independencia del Órgano Judicial; la proliferación de las compras y contrataciones directas en la administración pública; la promoción del transfuguismo político en el Órgano Legislativo a cambio de recibir apoyo gubernamental; la aprobación de leyes sensitivas sin la consulta y consenso previo, que han traído fuerte descontento ciudadano que ha obligado a su derogación; la represión desproporcionada a la protesta social como ocurrió en Bocas del Toro; la designación de una subalterna de la Presidencia como defensora del Pueblo; las acciones y declaraciones en contra de los medios de comunicación social emanadas del Órgano Ejecutivo; los casos de corrupción, nepotismo y ausencia de transparencia denunciados ante la opinión pública que no han sido aclarados ni investigados; la represión institucional a opositores; los casos de titulación de tierras en beneficio de allegados como los de Juan Hombrón y Paitilla, etc.

Sin lugar a dudas, la democracia si bien exige procurar el mayor beneficio social posible para las grandes mayorías, igualmente requiere que la acción gubernamental se dé en un marco de respeto, transparencia y legalidad, que proporcione a los ciudadanos la certeza de ser escuchados, de obtener igualdad de oportunidades, contar con la independencia de los órganos de gobierno y saber que hay certeza jurídica que le garantice una pacífica convivencia en sociedad y el respeto a sus garantías fundamentales.

El desarrollo de un país no puede darse a expensas del sacrificio de la institucionalidad. La grandeza de las obras de infraestructura se verá empañada si detrás de su construcción se dan actos de favoritismo y corrupción en beneficio de unos y en perjuicio de otros. El país se va deteriorando si se desconoce la Constitución y la ley para designar autoridades. La sociedad se ve inmersa en la inseguridad jurídica si los encargados de administrar justicia responden a intereses distintos a los que les impone la ley. La población se corrompe si la administración pública ejemplariza con el juega vivo, la deslealtad y el faltar a la palabra empeñada.

Quedan dos años de gobierno, en los que no dudamos se darán grandes obras de infraestructura, sin embargo, urge retomar el camino correcto en materia del respeto a la institucionalidad democrática.

El Presidente de la República debe dejar claro que no tolerará ningún acto de corrupción, independientemente de quien lo ejecute. Que los nombramientos de funcionarios de alta jerarquía se harán pensando en el bien de las instituciones del país, y no en bien de un partido político. Que sus actuaciones estarán en todo momento enmarcadas en la Constitución y las leyes, y responderán al querer y a la necesidad de las grandes mayorías de nuestro pueblo.

La democracia exige un compromiso permanente. No se puede ser demócrata a medio tiempo. Quien pretenda pasar a la historia como estadista y líder de su nación debe entender que la grandeza de un gobernante no se mide por las obras físicas que construya, porque al fin y al cabo, estas son perecederas y se hacen con el dinero de todos los contribuyentes.

Lo que no olvidan los pueblos, lo que sí permanece en la memoria histórica de una Nación, son los ejemplos de sacrificio y desprendimiento de quien gobierna, pensando en el bienestar de las grandes mayorías y en el respeto a todos los ciudadanos, entendiendo que su elección como Presidente es un mandato del pueblo y no un acto de sumisión hacia su persona.

Ricardo Martinelli alcanzó la Presidencia con una mayoría sin precedentes en nuestra historia electoral, como consecuencia de la esperanza de un pueblo frustrado por las mentiras de los partidos tradicionales.

Transcurridos tres años de su gobierno, Ricardo Martinelli tiene la oportunidad de rectificar y retomar aquella promesa de cambio que hizo en su campaña electoral, de lo contrario habrá pasado de ser una esperanza política del pueblo, a convertirse en la mayor frustración electoral de nuestra historia.

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