hoyporhoy_2011-09-17

Las leyes ordenan, prohíben o permiten ciertas acciones con el propósito de establecer límites que favorezcan la armónica convivencia. Es básico que se haga cumplir a todos por igual. Lastimosamente, en Panamá estamos llegando a un punto en que acudimos a ellas y exigimos su fiel cumplimiento solo cuando se trata de frenar o sacar provecho de terceras personas.

En cambio, si se trata del propio accionar esperamos que las autoridades sean comprensivas, cuando no permisivas. De acuerdo con la legislación panameña aplicable a estos casos, un alcalde no tiene potestad para otorgar concesiones de mar, independientemente de que se trate de áreas que no pueden ser comercializadas. Más bien lo que le corresponde es frenar este tipo de conducta. Tan sencillo como eso.

En cuanto a los ciudadanos, es bueno que comprendan que aunque a corto plazo logren trascender límites físicos y jurídicos, a la larga pagarán las consecuencias de sus actos, porque en la medida en que cada quien le dé rienda suelta a sus motivaciones y apetitos, los barrios, las comunidades, los balnearios, las ciudades y sus respectivos habitantes, vivirán presos del caos.

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