hoyporhoy_2011-09-19

El olor que emana de la Anati realmente es repugnante. La Anati se ha convertido en sinónimo de escándalo. Tras sus cortos meses de vida, ya muestra un prematuro desgaste, producto del abusivo poder de discreción de sus autoridades. Por ello es necesario hacer un alto y revisar cada uno de los títulos que haya otorgado, conocer quiénes han sido sus beneficiarios y, si hay méritos para ello, revertir lo actuado para evitar mayores perjuicios al patrimonio de todos los panameños.

Anati ni siquiera tuvo un buen comienzo: nació en medio de fuertes diferencias entre los ministerios de Economía y Finanzas y el de la Presidencia. Tampoco se ha destacado por su transparencia o por ser garante de procesos limpios y proteger los intereses del Estado. Y no dejó ninguna duda sobre su dudoso origen cuando su director pretendía hacerse de más poder y discrecionalidad para beneficiar a empresarios afines al Presidente de la República.

La ley de la Anati, si no se deroga cuanto antes, debería ser, al menos, revisada exhaustivamente para corregir lo que evidentemente son grietas por las que se perderían –como casi ocurrió con el terreno de Paitilla– decenas o centenares de millones de dólares que beneficiarían a unos insaciables bribones.

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